Para el 30 de marzo el Ministerio Público asegura estar preparado para iniciar nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual infantil
El proceso también se sigue en contra de la madre de
la víctima.
El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó en
primera instancia a Franco Aybar, el pasado año, a dos años de prisión por los
citados delitos, mientras que la acusada fue sentenciada a 10 años por
explotación sexual y comercial y lavado de activos.
Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero
Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata,
sostienen que están listos para iniciar con la presentación de las pruebas del
Ministerio Público y lograr el aumento de las penas en correspondencia con la
gravedad de los hechos.
Explicaron que sus testigos estaban preparados para
aportar sus testimonios en la audiencia programada para este viernes 20 de
febrero.
El Tribunal Ad Hoc de Puerto Plata (creado para
conocer el nuevo juicio), integrado por los jueces José Ramón Núñez
(presidente), Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, luego de acoger una
solicitud de la defensa de la acusada, aplazó este viernes la audiencia para el
próximo 30 de marzo para que la defensa de la imputada pueda citar a sus
testigos.
El tribunal programó, además, audiencias para los días
31 de marzo y 01 de abril de 2026.
El nuevo juicio fue ordenado en el mes de diciembre
del pasado año por los jueces de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Puerto Plata, Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras conocer
los recursos de las partes, incluyendo el presentado por el Ministerio Público,
contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado
del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces Jakayra Veras,
Venecia Rojas y José Juan Jiménez.
Franco Aybar fue condenado a dos años de prisión, bajo
suspensión de la pena, así como al pago de 10 salarios mínimos y las costas
penales del proceso.
El procesado fue hallado culpable de violar el
artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El Tribunal en Primera Instancia impuso la pena
suspendida, disponiendo que Franco Aybar no se acerque a adolescentes con fines
sexuales y en caso de incumplimiento de la medida ordenó el cumplimiento de la
pena en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de
Puerto Plata.
Mientras que la madre de la víctima fue condenada a
cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR)
Rafey Mujeres, en Santiago, al establecer el tribunal, con base en las pruebas
aportadas por el Ministerio Público, que la mujer incurrió en delitos de
explotación sexual comercial y lavado de activos.
Además, la sentencia establece el pago de una multa
equivalente a 30 salarios mínimos en beneficio del Estado dominicano.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, se ordenó
el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la procesada,
incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de
600 metros cuadrados, un automóvil del año 2023, un depósito bancario de
RD$2,100,000, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos
dominicanos.
Por igual, los equipos celulares y todos los valores
colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por
el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial.
De igual manera, le ordena el pago de las costas penales del proceso.
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