Informe de la UNICEF en la República Dominicana: La niñez atrapada en la violencia cotidiana
Lejos de tratarse de hechos aislados, cifras recientes
confirman que el maltrato infantil permanece como un fenómeno cotidiano y
normalizado en el entorno familiar y comunitario.
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), centrado en la situación de los derechos de la niñez ante
las violencias en este país, revela que más del 63 por ciento de los menores
entre 1 y 14 años ha sido sometido a métodos agresivos de disciplina en el
hogar.
La prevalencia aumenta incluso en edades tempranas: en
niños de 3 y 4 años alcanza el 70 por ciento, lo que refleja una preocupante
aceptación cultural de prácticas de castigo físico y humillación como supuestas
herramientas educativas.
Este escenario plantea una interrogante central para
las políticas públicas: ¿cómo proteger efectivamente a la niñez cuando lo que
muchos consideran un aceptable castigo se reproduce en el espacio que debería
ser el más seguro?
Entre
la normalización y las consecuencias extremas
Aunque muchas formas de intimidación infantil se
expresan en actos cotidianos -golpes, negligencia, disciplina degradante-, sus
manifestaciones más extremas también son alarmantes.
De acuerdo con el informe de la Unicef, “Análisis de
la Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ante las
Violencias en la República Dominicana”, entre 2018 y 2022 al menos 212 menores
fueron víctimas de homicidios intencionales, y solo en 2022 se registraron 33
casos.
Estas cifras evidencian que esa actitud contra la
niñez no solo afecta el bienestar emocional o el desarrollo psicológico, sino
que puede escalar hacia formas letales cuando el Estado y los sistemas de
protección fallan en intervenir a tiempo.
Carlos Carrera, representante de Unicef en la
República Dominicana, advierte que la normalización de tal situación multiplica
el daño.
“Sin información estratégica y confiable, el país
seguirá reaccionando tarde ante un problema que exige prevención, coordinación institucional
sostenida y una voluntad política que se traduzca en acciones concretas”,
sostuvo.
Un
sistema de protección bajo presión
Los datos disponibles muestran señales constantes de
alerta.
Más de tres mil 400 niños, niñas y adolescentes fueron
acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023, junto a miles de mujeres
víctimas de violencia.
Esto confirma un patrón ampliamente documentado en
América Latina: la violencia intrafamiliar no solo daña a las féminas, sino que
expone directamente a la niñez a entornos de riesgo.
En el ámbito sanitario, el incremento de casi un 45
por ciento en los casos de maltrato físico en menores de cinco años entre 2021
y 2022 refuerza la urgencia de actuar con mecanismos preventivos más robustos.
El
desafío central: Datos fragmentados, respuestas limitadas
Uno de los puntos señalados por Unicef y la
Universidad Iberoamericana (Unibe) es la debilidad estructural en la producción
y uso de información.
La fragmentación, baja comparabilidad y utilización
limitada de los datos disponibles impiden que las políticas públicas respondan
con eficacia proporcional a la magnitud del problema.
En este contexto, la academia aparece como un actor
clave. La rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, destaca que originar
evidencia rigurosa y oportuna es parte de la responsabilidad institucional para
proteger derechos fundamentales.
La creación de una red articulada de instituciones
investigadoras busca, precisamente, la transformación de estadísticas dispersas
en herramientas de acción pública: presupuestos, programas y sistemas de
monitoreo que permitan intervenir antes de que la transgresión se perpetúe.
“La academia tiene la responsabilidad de producir
evidencia útil y oportuna que contribuya a decisiones públicas capaces de
proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes”, sentenció Camilo
Vincent.
Más
allá del caso dominicano: Una deuda regional
Aunque el caso de República Dominicana tiene
particularidades culturales e institucionales, el fenómeno se inscribe en un
desafío regional: la persistencia de modelos de crianza impetuosos, la
insuficiencia de sistemas de protección y la falta de políticas sostenidas
basadas en demostraciones.
La campaña “Los Datos Cuentan”, impulsada por Unicef,
intenta precisamente romper el silencio estadístico y político que rodea estas
prácticas. En sociedades donde el castigo físico aún se justifica como
disciplina, visibilizar el problema es un primer paso hacia su erradicación.
Transformar datos en voluntad política
La violencia contra la niñez no es solo un desafío
técnico ni un problema cultural inevitable. Es una violación de derechos
humanos que requiere voluntad política, coordinación institucional y respuestas
sostenidas.
Sin evidencia sólida y articulada, este fenómeno
social seguirá reproduciéndose en silencio. Convertir los datos en acción es
hoy una responsabilidad urgente para garantizar que cada niño pueda crecer
libre de miedo, abuso y negligencia.
Por MARIELA
PÉREZ VALENZUELA
Corresponsal jefa en República Dominicana
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