Desde agosto muertes ocasionadas por conductores borrachos y disparos al aire letales recibirán 20 años de prisión, dice Yenni Berenice Reynoso
Reynoso se dirigió a decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país durante una jornada organizada por el Ministerio de Educación.
Señaló que la corrupción rompe el contrato social, afectando a la sociedad y a la colectividad.
“¿Qué busca el contrato social? La convivencia pacífica, armoniosa y desarrollada de todos los miembros de la sociedad”, afirmó la procuradora.
El evento contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, y de Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
Berenice valoró la educación como un instrumento clave para transformar la sociedad. “Como hija de maestro, siempre he creído que educar no consiste solo en transmitir conocimientos, pues también debe contribuir a la formación integral de cada ser humano”, afirmó.
La procuradora abordó, además, los avances de la reforma penal, destacando la tipificación y sanción del bullying como una de las novedades del nuevo Código Penal.
“El bullying no es un juego. Daña la dignidad de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, subrayó.
Respecto al Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigencia en agosto, Reynoso explicó que introduce ilícitos nuevos o reforzados.
Señaló que quien, bajo efectos del alcohol, cause la muerte de alguien o lo atropelle, no será considerado un accidente, sino un delito de dolo eventual, con penas de hasta 20 años de prisión. Además, los disparos al aire también recibirán sanciones importantes, afirmó.
Entre las novedades, destacó que la corrupción se considera un delito autónomo. “Cualquier acción u omisión que dañe el patrimonio público con dolo constituye un delito. Funcionarios que ejecuten esquemas fraudulentos para justificar pagos excesivos en obras o servicios estatales podrían enfrentar de cinco a 10 años de prisión”, advirtió.
La procuradora también abordó el abuso de poder: “El poder debe usarse para construir un país, no para abusar. Por eso, el abuso de funciones en beneficio propio también se tipifica como delito”, concluyó.
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