El coronel Andrés Pacheco Varela permanecerá bajo arresto por corrupción administrativa en red desmantelada en 2025 con la Operación Lobo
La fiscal litigante Rosa María Pichardo dijo que para ratificar la medida el tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos documentados por el Ministerio Público, así como temas basados en el peligro de fuga.
“Presenta peligro porque podría entorpecer las investigaciones que pesan contra él y contra el esquema criminal que tiene este caso”, dijo Pichardo a los periodistas que la abordaron a su salida del tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Rosa María Pichardo, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, solicitó a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, mantener la medida de coerción impuesta al coronel Pacheco Varela, uno de los imputados.
La Operación Lobo fue puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos que llevó al arresto de militares y civiles.
La jueza Rivas rechazó el pedimento del imputado y ratificó la medida de restricción de libertad al procesado.
Asimismo, durante la audiencia el primer teniente del
Ejército Wellington Peralta Santos, solicitó al tribunal un permiso que le fue
concedido.
Según el órgano acusador, la estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los implicados en los hechos graves que
afectaron a varias instituciones del Estado figuran el mayor general retirado
del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso
Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez, el coronel de la
Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el coronel de la Policía Nacional,
Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el
civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación
de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los
artículos 177, 178, 179, párrafo; 180, 265, 266 y 405 del Código Penal
dominicano. También, se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de
la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en
base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8, y el
artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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