Procurador adjunto Wilson Camacho dice hay pruebas sobreabundantes para enviar a juicio a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes
El procurador adjunto
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público, reiteró que las pruebas son contundentes, al responder preguntas de la
prensa sobre el proceso cuya audiencia preliminar se conoce en el Cuarto Juzgado
de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Este es un caso en
el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no
tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la
necesidad de que este proceso se envíe a juicio”, señaló.
Detalló que este
viernes el Ministerio Público concluyó sus réplicas en este proceso. “Hemos
solicitado al tribunal en la réplica el enviar el proceso a juicio, enviar a
todos los acusados a juicio, que es lo que procede conforme a lo que ha
presentado el Ministerio Público”, explicó Camacho, quien dijo que también
pidieron rechazar los incidentes que han presentado todas las defensas y acoger
las pruebas del Ministerio Público.
“No hay ninguna razón
jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las
defensas. Las defensas, tanto dentro del tribunal como fuera del tribunal,
cuando lo hacen aquí con ustedes (los periodistas), se han limitado a presentar
opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los
hechos son objetivos y verificables. Las opiniones no”, indicó.
Refirió que las
defensas nunca responden los hechos en el tribunal. “No responden cuestiones
como que hubo una reunión en Palacio en el año 2019, que se mandó en esa
reunión en Palacio a buscar fondos, que se creó un lugar para la recepción de
esos fondos que se llamaba La Casita que estaba en Bella Vista. No hablan del
dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar y estamos
hablando de más de 1,200 millones de pesos”, precisó.
En ese mismo orden,
dijo: “no hablan de la línea de casino en la que también se estableció un
sistema de soborno que se llamaba El Programa o El Proyecto”.
Wilson Camacho añadió
“esos son hechos, esas son razones para que este tribunal eleve este proceso a
juicio. Los tribunales no fallan en base a las opiniones, fallan en base a los
hechos que se presentan y a las pruebas que se presentan con relación a esos
hechos”.
Especificó que
“Bolívar Ventura dice que pagó más de 1,200 millones de pesos, que tuvo que
entregar más de 1,200 millones de pesos: es testigo”.
Detalló que todas las
personas que fueron utilizadas por el Ministerio de Defensa para poner en
funcionamiento el proyecto o programa por el que se distribuía soborno de los
juegos de azar, son testigos en el proceso. “Toda la documentación de los
procesos de pago son testigos en el proceso”, dijo.
El procurador adjunto
Camacho junto a la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó
el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia, el
cual también lo integran los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin
Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.
Durante audiencia, en
la que el órgano acusador presentó sus conclusiones de réplica a las barras de
la defensa, Ortiz solicitó al tribunal decretar la apertura a juicio de cada
uno de los imputados que han sido señalados por el Ministerio Público en el
expediente acusatorio.
De igual manera, que
se mantenga la calificación jurídica que ha sido indicada por el órgano
acusador. “Que sean rechazados todos y cada uno de los incidentes”, dijo Ortiz.
La audiencia, que por
cuestiones de espacio se debate en la Sala del Primer Tribunal Colegiado, es
presidida por la jueza Altagracia Ramírez, presidenta del Cuarto Juzgado de Instrucción
del Distrito Nacional.
El proceso judicial
Los acusados, quienes
fueron apresados durante la Operación Calamar, integraban una estructura que
desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones
de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar
la campaña electoral de 2020.
Además de los
exministros de Hacienda y Obras Públicas Donald Guerrero Oritz y Gonzalo
Castillo, entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa
figuran José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
También, Daniel Omar
Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo,
exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña,
exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar
Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
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