Régimen cubano excarcela a 21 presos políticos mientras arresta a 15 manifestantes
La organización alertó de que, lejos de indicar una
apertura política real, las excarcelaciones han estado acompañadas por un
recrudecimiento de la vigilancia, las amenazas y los arrestos. “Desde el
anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha
observado un aumento de las acciones represivas. Entre el 13 y el 16 de marzo
de 2026 se documentaron al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra
manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores”,
señaló el observatorio.
La salida de 21 presos políticos, muchos de ellos
condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, no ha
significado una disminución de la presión sobre la disidencia ni sobre el
descontento social que sigue aflorando en distintas zonas del país. Al
contrario, la represión parece haberse desplazado de las cárceles a las calles
y a las casas de quienes se atreven a protestar o a denunciar.
También
figuran dos menores de edad: Jonathan Muir Burgos, de 16 años, y Kevin Samuel
Echeverría, de 15, quien además fue baleado en una pierna
Entre los hechos más recientes sobresalen las
detenciones ocurridas tras las protestas en Morón, en la provincia de Ciego de
Ávila. Según el Ocdh, muchas de las 15 detenciones arbitrarias registradas en
estos días están vinculadas con esas manifestaciones. Junto a los arrestos, la
organización documentó amenazas, vigilancia policial permanente frente a las
viviendas, arrestos domiciliarios de facto, brutalidad policial contra
manifestantes, citaciones, hostigamiento contra activistas y periodistas, y
nuevas denuncias de abusos dentro de las prisiones.
“Estos hechos evidencian un patrón de presión y
control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos
fundamentales”, advirtió la ONG. El régimen mantiene intacto su aparato
represivo y lo activa con rapidez cada vez que detecta una expresión de
malestar público.
De acuerdo con la información difundida, 12 personas
siguen detenidas o no se ha podido confirmar su liberación. En la lista
aparecen Ángel Baldomero Quintana Martínez, Bryan Pérez Muñoz, Erick Simón
Toledano, Iledier Tabuada Machado, Juan Manuel Griñán Clemente, Raicer Crespo,
Silvio de la Caridad Quintana Martínez, Vladimir Ortiz Ortiz, Yaisdely Castillo
Hernández y Yosuan Naranjo. También figuran dos menores de edad: Jonathan Muir
Burgos, de 16 años, y Kevin Samuel Echeverría, de 15, quien además fue baleado
en una pierna.
La presencia de adolescentes entre los detenidos
vuelve a poner el foco sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la
criminalización incluso de menores en contextos de protesta. El caso de Kevin
Samuel Echeverría, herido de bala, añade un elemento especialmente grave a una
secuencia de hechos en la que las autoridades no han ofrecido explicaciones públicas
convincentes.
El
régimen intenta capitalizar políticamente las excarcelaciones, mientras
mantiene la intimidación sobre quienes protestan en el presente
Hasta el momento, los liberados tras estas detenciones
arbitrarias son Catherine Gutiérrez Sánchez, Elier Muir Ávila y Rolando Pérez
Lora. Sus excarcelaciones, sin embargo, no alteran el cuadro general de
represión denunciado por organizaciones de derechos humanos, que insisten en
que las detenciones breves, las amenazas y la vigilancia permanente son también
formas de castigo político.
En paralelo, la lista de presos políticos excarcelados
por el acuerdo con el Vaticano alcanza ya 21 nombres. La mayoría son condenados
por sedición, desacato, desórdenes públicos, atentado o resistencia, delitos
utilizados de forma recurrente por la Justicia cubana para castigar la
protesta. Entre ellos se encuentran Adael Jesús Leyva Díaz, Frank Aldama
Rodríguez, José Luis Sánchez Tito, Roberto Ferrer Gener y Wilmer Moreno Suárez,
varios con condenas de entre 13 y 18 años de cárcel. Muchos proceden de La
Habana, aunque también hay excarcelados de Artemisa, Holguín, Villa Clara,
Santiago de Cuba, Camagüey y Mayabeque.
La desproporción de esas sanciones, impuestas en
numerosos casos a manifestantes del 11J, ha sido denunciada durante años por
organismos internacionales y plataformas de derechos humanos. La mediación del
Vaticano ha permitido ahora la salida de un grupo de reclusos, pero el Gobierno
cubano no ha dado señales de revisar el andamiaje legal y policial que hizo
posibles esas condenas ni de renunciar a seguir utilizando la represión como
respuesta al descontento.
El régimen intenta capitalizar políticamente las
excarcelaciones, mientras mantiene la intimidación sobre quienes protestan en
el presente. La liberación parcial de presos políticos no equivale a una mejora
en las libertades públicas cuando, al mismo tiempo, continúa la represión
contra el que disiente.
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