Juez Santiago Pedraz investiga si desde PSOE financió presunta trama destinada interferir procedimientos judiciales abiertos contra esposa y hermano Pedro Sánchez
A primera hora de este miércoles saltó la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, donde ha estado durante 12 horas. Tras cierta confusión inicial sobre el motivo de la irrupción policial, se aclaró que su misión consistía en requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativos a presuntos pagos irregulares a la ex militante Leire Díez por sus servicios al frente de esta supuesta trama. De forma simultánea, la UCO practicaba registros en las viviendas del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.
El magistrado Pedraz ha imputado a los tres
investigados como integrantes de una organización criminal dedicada a
interferir en procesos judiciales. Los delitos que se les atribuyen incluyen
cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación
falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y
delito contra las instituciones del Estado. La investigación revela un complejo
entramado que habría contado con la participación de altos cargos del partido,
abogados y hasta un capitán de la Guardia Civil.
Pagos mensuales de 4.000 euros a cargo del partido
Según desvela el auto judicial, Santos Cerdán habría acordado con Leire Díez remunerarla con 4.000 euros mensuales "con cargo a los fondos del partido", cantidad de la que llegó a percibir cuatro pagos. Por su parte, Gaspar Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica", facilitando así el canal para materializar estas transferencias económicas.
El entramado de pagos se habría ampliado posteriormente a través del abogado Ismael Oliver, quien ejerció durante un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García. Según el juez, Oliver "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, este letrado fue el sistema de pago ideado para sustituir al mecanismo inicial de Zarrías, y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros en total.
Otros implicados en la presunta organización
La trama también incluiría al letrado Jacobo Teijelo, que actualmente ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien formó parte de la UCO. Teijelo representa a Sánchez Yepes en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga el juez Pedraz. Según el auto, el capitán Sánchez Yepes "también factura sus servicios al PSOE", lo que refuerza la conexión entre los investigados y el partido.
Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, quien también ha sido imputada. Se le atribuye, al menos, la autoría de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces destinadas a encubrir la verdadera naturaleza de los pagos realizados a Leire Díez.
Indicios contra altos cargos del partido
El magistrado Pedraz ha hallado indicios de que Juan Manuel Serrano Quintana, expresidente de Correos, y Juan Francisco Serrano Martínez habrían colaborado con los investigados. Este último fue mano derecha de Cerdán y actualmente es diputado del PSOE por Jaén y miembro de la Ejecutiva socialista. No obstante, el juez considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal en los hechos investigados.
El auto sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en abril de 2024, cuando Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron una reunión con Cerdán en Ferraz. Estos encuentros coincidieron con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, después de que el presidente enviara una carta a la ciudadanía. Según las anotaciones manuscritas de Díez recogidas en el auto, "intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".
La estructura del partido al servicio de la trama
El juez Pedraz señala que Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal "la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga. El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".
En ejecución de dicho plan, se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la propia UCO. Estas acciones habrían tenido como objetivo desacreditar a los responsables de investigaciones sensibles para el partido socialista y sus miembros, creando una atmósfera de desconfianza en torno a las actuaciones judiciales.
Ofrecimiento de 50.000 euros a una testigo
Según recoge el auto, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. El objetivo era que modificara o condicionara su declaración testifical. El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociar esta cantidad, y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.
Esta maniobra evidenciaría la sofisticación de la presunta trama y su capacidad para intentar interferir directamente en testimonios clave de procedimientos judiciales abiertos. El intento de compra de testimonios constituiría uno de los elementos más graves de la investigación, ya que atenta directamente contra la administración de justicia
Más de 20 reuniones documentadas en Ferraz
El auto judicial recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Santos Cerdán. En la primera reunión, celebrada el 26 de abril de 2024, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, quien fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.
Estas reuniones habrían servido para coordinar las actuaciones de la presunta trama y establecer los mecanismos de pago a Leire Díez por sus servicios. El juez Pedraz destaca que Cerdán sabía que esta militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales, lo que añade un elemento de conocimiento previo a la supuesta contratación de sus servicios.
¿Qué es el caso Leire?
El caso Leire es una investigación judicial abierta por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama de interferencia en procedimientos judiciales. El nombre del caso proviene de Leire Díez, exmilitante del PSOE que habría sido contratada y remunerada por el partido para desarrollar actividades de injerencia en causas judiciales que afectaban a miembros del Gobierno o del PSOE.
La investigación comenzó de forma secreta en diciembre y ha destapado un complejo entramado que incluiría pagos irregulares, falsificación de documentos, intentos de corrupción de testigos y denuncias infundadas contra jueces y fiscales. El caso ha adquirido relevancia por la implicación de altos cargos del PSOE, incluido el que fuera secretario de Organización del partido, y por su conexión con otras investigaciones como el caso Koldo o las causas abiertas contra familiares del presidente del Gobierno.
¿Qué delitos se investigan en esta causa?
El juez Pedraz investiga hasta nueve tipos delictivos diferentes en el marco de esta causa. El delito de organización criminal es el primero de ellos, ya que se presume la existencia de una estructura estable y organizada para cometer los demás ilícitos. Los delitos de cohecho se refieren a los ofrecimientos de dinero o favores a funcionarios públicos, incluidos guardias civiles y fiscales.
La revelación de secretos atañe a la posible obtención ilegal de información de procedimientos judiciales. La inducción al falso testimonio y la acusación falsa se relacionan con el intento de manipular declaraciones y presentar denuncias infundadas. La falsedad en documento mercantil se refiere a las facturas falsas emitidas para encubrir los pagos. La prevaricación, el tráfico de influencias y el delito contra las instituciones del Estado completan el cuadro de infracciones penales que se atribuyen a los imputados en esta compleja investigación judicial.
Contexto de las investigaciones al entorno de Sánchez
Esta investigación se enmarca en un contexto de
múltiples causas judiciales abiertas que afectan al entorno del presidente del
Gobierno. Por un lado, está la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro
Sánchez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y
corrupción en los negocios. Por otro, existe una investigación abierta contra
David Sánchez, hermano del presidente, por presuntas irregularidades en su
contratación y actividad profesional.
El caso Koldo, que investiga una presunta trama de
corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, también forma parte
de este entramado de investigaciones. La presunta actuación de la trama
investigada en el caso Leire habría tenido como objetivo interferir en el curso
de todas estas causas, intentando desacreditar a los instructores, corromper a
testigos y filtrar información sensible de los procedimientos judiciales en
curso.
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