Hugo Beras, Jochy Beras y otros ocho implicados así como siete empresas a juicio de fondo por fraude contrato en red semafórica del Gran Santo Domingo
También a los imputados Pedro Vinicio Padovani Báez,
exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero
Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz
Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de
Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero
del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora
Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
Además fueron enviadas a juicio las empresas
involucradas en el expediente: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol
S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana
S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La jueza adoptó su decisión debido a que el Ministerio
Público aportó pruebas que los vinculan a una serie de hechos cometidos en
perjuicio del Intrant y el Estado dominicano la cual deben ser presentadas
durante un juicio de fondo.
Acusación
del Ministerio Público en el Caso Camaleón
De acuerdo con la acusación, se determinó que mediante
contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y
Transcore Latam S.R.L. se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, las
cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar
operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia,
seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Según el expediente, el eje central del esquema es
José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y
operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades habrían conformado una estructura criminal
dedicada a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje
tecnológico, consolidando el control sobre infraestructuras críticas y recursos
estratégicos estatales.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo
e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, Pedro
Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden,
Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
Rol de los imputados
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario
de contratos fraudulentos suscritos a través de Transcore Latam, Dekolor y
PagoRD Xchange. También se le atribuye el control de sistemas semafóricos,
videovigilancia y espionaje tecnológico, así como el sabotaje de la red semafórica
del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones
fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación
de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones
y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas al presunto
esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda habría facilitado el
control técnico de la red semafórica y falsificado certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por
emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez habría supervisado el
Centro de Control de Tráfico y participado en licitaciones fraudulentas,
operaciones de lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas es acusado de movilizar
fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez,
representantes de PagoRD Xchange, habrían actuado como testaferros, ocultando
la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Mientras que Henry Darío Féliz Casso es señalado como
intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Empresas
señaladas en la acusación
Con relación a las personas jurídicas, la acusación
establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar contratos
fraudulentos y controlar la red semafórica.
Mientras que PagoRD Xchange S.R.L. habría sido
empleada para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de
lujo. En el caso de Industria Soltex Dominicana S.R.L. es vinculada a
operaciones de lavado de activos y contrabando.
Asimismo, Dekolor S.R.L. habría servido para encubrir,
desviar y manipular licencias, mientras que Aurix S.A.S. habría sido destinada
al espionaje y sabotaje tecnológico.
En tanto que Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente
como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada
para adquirir bienes inmuebles con fondos de origen ilícito
Delitos
imputados
Los acusados enfrentan cargos por coalición de
funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa
contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la
nación y delitos de alta tecnología, entre otras infracciones contempladas en
la legislación dominicana.
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