Migración dominicana rechaza responder si Rodríguez Zapatero dispone de nacionalidad dominicana o mantiene algún tipo de estatus migratorio en el país
La petición fue
registrada el 11 de febrero de 2026 en el sistema. La solicitud, tramitada por
THE OBJECTIVE, limitó el alcance a la mera existencia administrativa de
registros. No se requirieron datos personales ni el acceso al contenido de los
posibles expedientes.
En concreto, se
solicitaba confirmar «si consta la apertura, tramitación o resolución de algún
procedimiento administrativo» vinculado al nombre de José Luis Rodríguez
Zapatero en materia de nacionalidad dominicana, residencia o estatus
migratorio. La respuesta podía resolverse con una confirmación positiva o
negativa, sin necesidad de aportar documentación ni información sensible.
La Dirección General
de Migración denegó el acceso alegando que la información solicitada tiene
carácter privado o personal. El organismo invoca el artículo 44 de la
Constitución dominicana. También utiliza distintos preceptos de la Ley 200-04
de acceso a la información pública y la Ley 172-13 sobre protección de datos.
La resolución
extiende esa protección incluso a la existencia de un expediente administrativo
sobre la nacionalidad de Zapatero. Este criterio impide verificar si la
Administración ha tramitado procedimientos vinculados a una persona concreta,
aunque no se soliciten datos personales ni contenido de los registros.
La resolución de
Transparencia dominicana sobre Rodríguez Zapatero no es un caso aislado. THE
OBJECTIVE documentó que una veintena de solicitudes relacionadas con Begoña
Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acumularon rechazos,
silencios administrativos y respuestas evasivas por parte de las autoridades
dominicanas. Ese precedente apunta a un criterio restrictivo sostenido cuando
las peticiones afectan a figuras vinculadas a España.
Los viajes de Begoña Gómez
Este patrón coincide
con la existencia de desplazamientos documentados entre España y República
Dominicana. Informes de la UCO acreditan viajes de Begoña Gómez al país
caribeño dentro de un volumen mayor de movimientos aéreos cuya trazabilidad
completa no siempre es pública. En algunos registros, las autorizaciones
aparecen sin identificación de pasajeros o bajo categorías genéricas como
«transporte VIP».
Los registros de
autorizaciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea dominicana a los que ha tenido
acceso este medio refuerzan esta falta de trazabilidad. En decenas de permisos
concedidos a aeronaves oficiales, incluidos vuelos procedentes de España, la
información sobre pasajeros aparece incompleta. Mientras, en otros directamente
no consta, con campos sin rellenar o marcados como «TBD» -To Be Determined-. En
varios casos, además, el objetivo del vuelo se clasifica de forma genérica como
«transporte VIP», sin identificar a los ocupantes ni detallar la naturaleza del
desplazamiento, lo que dificulta el control sobre quién viaja y con qué
finalidad.
A este contexto se
suma la atención creciente sobre la concesión de nacionalidades dominicanas a
ciudadanos extranjeros, fundamentalmente españoles. Los registros
administrativos evidencian procedimientos acelerados en determinados casos, lo que
ha intensificado el interés por verificar actuaciones concretas de la
Administración.
Operaciones
empresariales
A este contexto se
suma la existencia de pruebas aportadas por el empresario Víctor de Aldama que
sitúan a personas del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero en vuelos
oficiales con destino a República Dominicana. Estos desplazamientos, realizados
en aeronaves del Estado, refuerzan el interés por conocer la naturaleza de las
relaciones administrativas o personales que puedan existir con el país
caribeño.
Según esta
documentación, algunos de estos viajes se habrían producido en fechas próximas
a operaciones empresariales y contactos institucionales en territorio
dominicano. Este elemento introduce un nuevo factor de análisis: la posible
conexión entre movimientos internacionales, actividad económica y decisiones
administrativas que no siempre quedan plenamente reflejadas en registros
públicos accesibles.
La combinación de
nacionalizaciones, vuelos y actividad empresarial compartida ha elevado la
necesidad de contrastar datos oficiales del país caribeño. En este contexto, la
negativa de Migración limita la capacidad de comprobación y reduce la transparencia
sobre decisiones públicas.
Expedientes administrativos
La clave es si la
mera existencia de un expediente administrativo puede considerarse un dato personal
protegido. En muchos sistemas de acceso a la información, este nivel de
verificación se permite precisamente porque no implica revelar contenido
sensible. La Dirección General de Migración adopta una interpretación
restrictiva que bloquea esa posibilidad.
La normativa
dominicana contempla mecanismos de recurso frente a estas decisiones. Esto abre
la puerta a revisar el criterio aplicado y a determinar si la limitación del
acceso ha sido proporcional o ha restringido de forma indebida el derecho a la
información. La solicitud formal, acotada y ajustada a la ley ha sido rechazada
en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en materia de
nacionalidades, movimientos internacionales y actividad administrativa.
Por ENRIQUE MORALES
Redactor jefe en THE
OBJECTIVE.
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