Leonel no reacciona ante sometimiento judicial de Guillermo Moreno, uno de sus ex funcionarios

SANTO DOMINGO.- El ex presidente dominicano no ha reaccionado en torno al sometimiento que le hiciera uno de sus fiscales, Guillermo Moreno, por presuntos actos de corrupción.

Fue sometido por ante la Procuraduría General de la República, junto a dos de sus más cercanos colaboradores, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, ex ministro de Obras Públicas y el actual senador que fue director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

La querella contra Fernández que ha hecho Moreno, quien es presidente del movimiento político Alianza País, se produce 12 años después de haber sido Fiscal del Distrito Nacional en el segundo período de gobierno de Fernández.

El sometimiento además fue por el déficit de 187 mil millones de pesos que tiene este país caribeño.

n la instancia de denuncia penal Alianza País establece la responsabilidad directa de Fernández, Dáz Rúa y Bautista, junto a muchos otros que deben ser investigados en el curso de la investigación.

Según la denuncia el déficit fiscal ascendente a 187 mil millones de pesos fue revelado el pasado 4 de octubre, por el ingeniero Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno que preside Danilo Medina.

En la referida instancia se aportan elementos de prueba de cómo Leonel Fernández, siendo Presidente de la República presuntamente admitió haber utilizado dinero del Estado para el pago de las llamadas "nominillas", así como de emplear más de 40 mil millones de pesos en la pasada campaña electoral.

La instancia hace referencia del abultamiento de la nómina pública, y de utilizar dinero del Estado para hacer viajes al exterior del país, para firmar acuerdos privados de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

Asimismo, en la denuncia penal se pone en evidencia que el ex-ministro de Obras Públicas, Díaz Rua y el director OISOE, Félix Bautista desarrollaron un esquema de sobrevaluación y sobre ejecución en la construcción de obras del Estado, que de enero a agosto había prácticamente agotado el presupuesto asignado para todo el año 2012, para ambas dependencias públicas.

Conforme se expone ampliamente en la denuncia penal, las actuaciones descritas violaron la Constitución de la República, en sus artículos 146 y 233 y siguientes; la ley de Presupuesto No. 423-06; la ley de Crédito Público No.6-06; la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones; y la Ley 41-08 de la Función Pública. Además, sus actuaciones constituyen ilícitos tipificados en el código penal dominicano como desfalco, abuso de confianza.