Diez temas en los que confluyen intereses económicos
y políticos, dominan el debate público
en las últimas semanas: 1.- El más intenso es el relativo al contrato
para la instalación de máquinas de rayos X en los puertos del país objetado por
los tres últimos directores de Aduanas, por la Cámara Americana de Comercio, la
Asociación de Industria y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y
defendido por la familia Castillo Semán, de la que forma parte el doctor
Salomón Melgen, que adquirió la mayoría accionaria de la empresa que operaría el sistema.
En contra se alega inconstitucionalidad por la
creación de un monopolio privado y la inefectividad y carestía de una supervisión que no contará
con el reconocimiento de las autoridades de los Estados Unidos, a favor la necesidad
de contrarrestar la utilización de los puertos en el tráfico internacional de
drogas, así como la necesidad de enfrentar el contrabando. Este tema ha sido
adobado por la situación que confrontan
en los Estados Unidos, el senador de New Jersey, Bod Menéndez y el doctor Salomón Melgen.
2.- La propuesta de modificación de la ley de
Aviación Civil, 491-06, que trata de
adecuarla a los mandatos de la Constitución del 2010, a la ley de Función
Pública, flexibilizando algunos requerimientos para permitir la entrada de
nuevas líneas aéreas, pero ha sido objetada porque se pretende que su
presupuesto no siga la norma presupuestarias del Estado, que sus empleados se
sigan rigiendo por el Código Laboral, y no por la que toca a todos los
servidores públicos, y que se preserve un mayor proteccionismo para las
inversiones locales. Ese debate ha sido abortado y parte de las objeciones se
deben al desconocimiento integral de la propuesta.
3.-Los ataques al contrato con la minera Barrick
Pueblo Viejo, incrementados a raíz de unas declaraciones del presidente de la
cámara de Diputados, Abel Martínez, que expresó la disposición de la entidad de
preside de revisar ese contrato, acción que no le está permitida por la
Constitución, que limita la facultad del
Congreso a aprobar o rechazar un contrato remitido por el Poder
Ejecutivo, y nunca a intervenir en él de forma unilateral después de su
aprobación, pero el planteamiento que es improcedente en lo legal, es muy
popular porque es mayoritario el criterio de que debido a la multiplicación por
tres de los precios internacionales del oro deben haber mejores beneficios para
el Estado dominicano, por lo que la posición del Abel Martínez y de los que la
han endosado puede tomarse como una favorable presión de opinión pública acorde
con los intereses nacionales.
4.-La ley 28-01 que concede privilegios a las
empresas que se instalan en las provincias fronterizas que las empresas que
están fuera de ese régimen objetan porque los consideran propiciantes de
competencias desleal. La Asociación de Industria ha estado a la cabeza de las
objeciones, mientras que diputados y senadores, así como líderes religiosos y
sociales, se han atrincherado en la defensa de
la ley sin modificaciones.
5.-Las querellas contra los supuestos actos de
corrupción que tienen como finalidad la inhabilitación política del ex
–presidente Leonel Fernández, pero que no han tomado mayor dimensión porque se
advierte claramente que no hay un
interés real por combatir la corrupción.
Por espacio, solo voy a listar los otros: 6.-La
crisis del PRD. 7.-Confliecto Pro-consumidor-gaseros. 8.- Amnistía fiscal. 9.-
guerra de las telefónicas. 10.- misceláneos de farándula.
Por
JULIO MARTINEZ POZO
El autor es periodista
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