MADRID.- El PSOE ha presentado este mediodía en el
Congreso una batería de enmiendas al proyecto de Ley de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde incluye la propuesta
del Gobierno de Andalucía de ejecutar expropiaciones temporales del uso de
viviendas, en determinados casos.
El PSOE considera que se debe "declarar de
interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en
especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de
desahucios por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso
de la vivienda por un plazo máximo de tres años".
Los beneficiarios serán aquellos que tengan su
residencia habitual en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria, y que
ningún otro miembro de la familia tenga la titularidad de otra vivienda.
Además, los beneficiarios tienen que probar que sus
condiciones económicas han sufrido un importante menoscabo, provocando una
situación de Endeudamiento sobrevenido. Además, el conjunto de ingresos de la
familia no puede superar en tres veces, el denominado Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.
Asimismo, el PSOE denuncia que el PP ha alterado
profundamente la iniciativa popular presentada sobre desahucios y pide
incorporar las enmiendas originales, al entender que el actual proyecto es
producto de un fraude.
El PSOE también presenta enmiendas favorables a la
dación en pago en determinadas circunstancias.
Decreto
'constitucional'
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha asegurado que no tiene duda alguna de que el decreto
antidesahucios de la Junta de Andalucía es constitucional.
En el programa 'El Debate', de TVE, el dirigente
socialista subrayó anoche que "hay que defender" a los ciudadanos a
los que por situación sobrevenida sólo les queda la casa y que si se la quitan
se van a la pobreza. "En estas situaciones, los poderes públicos tienen
que actuar", dijo.
El decreto de la Junta de Andalucía, añadió,
"ha hecho lo que dice la Constitución que corresponde hacer a los poderes
públicos, que es proteger a los más desfavorecidos".
Por
MANUEL SANCHEZ/El Mundo
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