WASHINGTON.-
La agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP) denunció
que por lo menos veinte de sus periodistas fueron espiados por el Departamento
de Justicia de Estados Unidos, y calificó el hecho como una "intromisión
descomunal y sin precedentes".
El hecho tendría que ver con la revelación de la
agencia sobre una operación de la Agencia de Investigación (CIA) en Yemen para
abortar un plan terrorista.
Según la agencia, los registros obtenidos por el
Departamento de Justicia incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de
trabajo y personales de reporteros, desde los números generales de las oficinas
de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, y desde el número
principal de AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, según los
abogados de la compañía. No está claro aún si los registros también incluyeron
las llamadas realizadas a esos teléfonos o su duración.
En total, el gobierno obtuvo los registros de más de
20 líneas telefónicas asignadas a la AP y sus periodistas en abril y mayo de
2012. No se conoce el número exacto de los periodistas que usaron esas líneas
telefónicas en ese período, pero más de cien periodistas trabajan en las
oficinas cuyos registros telefónicos fueron solicitados, en una amplia gama de
noticias sobre el gobierno y otros asuntos.
Junto a la denuncia pública, el presidente y
director general de AP, Gary Pruitt, envió ayer una carta de protesta al
secretario de Justicia, Eric Holder, en la que expresó que el gobierno solicitó
y obtuvo información que va mucho más allá de lo que cualquier investigación en
específico puede justificar. Pruitt exigió la devolución de los registros
telefónicos y la destrucción de todas las copias.
"No puede haber justificación posible para un
acopio tan amplio de comunicaciones telefónicas de The Associated Press y sus
periodistas. Estos registros potencialmente revelan comunicaciones con fuentes
confidenciales en todas las actividades noticiosas de AP durante un período de
dos meses, ofrecen un vistazo a las operaciones de recopilación de información
de AP, y revelan información sobre las actividades y operaciones de AP que el
gobierno no tiene derecho imaginable a conocer'', se quejó Pruitt.
Según AP, funcionarios del gobierno habían expresado
previamente en testimonios públicos que el fiscal federal en Washington realiza
una investigación penal sobre quién puede haber entregado información contenida
en un despacho de la AP del 7 de mayo de 2012 sobre un plan terrorista
abortado. El despacho revelaba detalles de una operación de la CIA en Yemen que
desarticuló un plan de Al-Qaeda el año pasado para detonar una bomba en un
avión que se dirigía a Estados Unidos.
Entre los números telefónicos obtenidos por el
gobierno están los de cinco reporteros y un editor vinculados con el despacho
del 7 de mayo de 2012.
En un testimonio rendido en febrero, el director de
la CIA, John Brennan, dijo que el FBI le había preguntado si él era la fuente
de AP, y que él lo negó. Además, afirmó que la filtración de información a los
medios sobre el plan terrorista era una "revelación no autorizada y
peligrosa de información secreta".
Según expresaron los abogados de la agencia, la
compañía recibió el viernes último una carta de notificación del Departamento
de Justicia, firmada por Ronald Machen, fiscal federal de Washington, en la que
se explicaba que los registros se obtuvieron mediante citatorios judiciales.
El gobierno de Barack Obama ha investigado con
fuerza las revelaciones de información secreta a los medios y ha entablado seis
procesos contra personas sospechosas de filtrar información secreta, más que
todos los presidentes anteriores juntos.
La Casa Blanca informó el lunes que, excepto por los
informes de prensa, no tenía conocimiento de que el Departamento de Justicia
hubiese solicitado los registros telefónicos de AP.
"No participamos en decisiones relacionadas con
investigaciones penales porque esos asuntos los maneja independientemente el
Departamento de Justicia", dijo Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca.
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