COCHABAMBA.- Los últimos casos de linchamiento en
poblaciones indígenas de Cochabamba y Potosí, con un saldo de cuatro muertos,
han puesto nuevamente en tela de juicio los límites y la aplicación de la
justicia comunitaria, reconocida por la Constitución boliviana con el mismo
rango que la oficial y que sobre el papel remite a una cultura de vida, no de
muerte.
Las poblaciones rurales de Colquechaca y Tres
Cruces, en el departamento de Potosí, decidieron el pasado miércoles tomarse la
justicia por su mano: una de las víctimas fue enterrada viva y dos, quemadas.
Una semana antes, seis presuntos miembros de una banda de atracadores, que se
hacían pasar por una patrulla policial antidroga, fueron detenidos por sus
víctimas y trasladados a Ivirgarzama, en Chapare (Cochabamba), donde les
prendieron fuego. Uno de ellos murió, tres sufrieron quemaduras de tercer grado
en el 50% de sus cuerpos y dos resultaron heridos leves.
“Sin duda es una reacción desproporcionada y
desesperada ante el estado de indefensión e inseguridad en que se encuentran
los bolivianos, principalmente en el área rural y en los barrios marginales de
las ciudades”, explicó a este diario el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín.
“Son lugares donde la policía brilla por su ausencia y la ciudadanía siente la
desprotección del Estado y opta por medidas reñidas con la ley”, dijo.
Albarracín lamentó que, pese a la vigencia de la ley
de Deslinde —por la que se reconoce la justicia comunitaria y sus
atribuciones—, no se aplica correctamente ni se efectúa un seguimiento de los
procesos que las autoridades indígenas puedan acometer. “Ni el linchamiento ni
las sentencias de muerte tienen que ver con la justicia comunitaria”, aclara
Albarracín.
La primera víctima mortal fue el joven Santos Ramos,
de 17 años y natural de Colquechaca, identificado como el presunto violador y
asesino de una indígena quechua —como él— de 35 años. Según el relato de la
cadena de radio Erbol, Ramos fue identificado durante los funerales. Fue
detenido y golpeado y posteriormente, con las manos atadas a la espalda y boca
abajo —para que, según la creencia popular, su ajayu o espíritu no salga a
vengarse de sus verdugos—, lanzado a una fosa antes de colocar encima de él el
ataúd con los restos de su supuesta víctima.
El fiscal de Colquechaca, Milton Jara, declaró a la
misma emisora que el grupo de victimarios, formado por al menos 80 furiosos
indígenas, impidió que el joven fuera rescatado de la fosa y mantuvo una
vigilia durante la noche para evitar cualquier acción de las autoridades
judiciales y policiales.
En el pequeño pueblo quechua de Tres Cruces, también
en Potosí, Julián Mamani, de 45 años y taxista de profesión, no retornó a su
casa después de ser contratado por dos personas para viajar a una localidad
próxima. Sus familiares se enteraron después de que los dos pasajeros eran dos
cogoteros (atracadores) de 17 y 21 años que mataron al conductor por el camino
para vender el vehículo por una cantidad irrisoria, 2.000 dólares. Familiares
de Mamani capturaron a los dos jóvenes y los llevaron a Tres Cruces, donde les
esperaba una enardecida turba que decidió que corrieran la misma suerte que su
víctima: les prendieron fuego después de rociarles con gasolina. Los cuerpos
quedaron reducidos a cenizas y estas fueron esparcidas después para borrar las
pruebas. Las autoridades de la fiscalía y de la policía fueron repelidas del
lugar, al que acudieron en compañía de periodistas locales, con explosiones de
dinamita. “Estamos cansados de la justicia ordinaria, a partir de la fecha
[habrá] justicia comunitaria”, declaró un campesino a una radio local.
El tercer suceso tuvo como protagonista a una banda
de atracadores que utilizaban uniformes de camuflaje de la Unidad Móvil de
Patrullaje Rural, encargada de la lucha antidroga, para detener vehículos
durante la noche bajo el pretexto de sospecha de narcotráfico. Los delincuentes
se incautaban de la carga y, las más de las veces, maniataban y abandonaban al
conductor monte adentro. Una de sus víctimas, un camionero, tuvo más suerte que
el taxista y alertó del robo de su camión, que fue encontrado poco más tarde.
Los afiliados al Sindicato de Transportistas ayudaron a la víctima a recuperar
el vehículo, según informa un diario local. Los seis integrantes de la banda,
cinco de ellos hermanos, fueron capturados y trasladados a Ivirgarzama
(Chapare), donde les prendieron fuego pese a la intervención del único fiscal
de la zona y del cura. Uno de ellos murió.
Los linchamientos se han recrudecido con una
violencia brutal, además de argumentos insostenibles que se agravan con la
imperante ley del silencio, según un informe de la Iglesia católica al
respecto.
En Argentina, por ejemplo, el Banco Mundial ha
apoyado la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consolidando así
en una sola entidad las funciones de monitoreo, fiscalización y de gestión de
intervenciones. Por sus avances en esta área, Argentina recibió la semana
pasada el premio Prince Michael International Road Safety Award como
reconocimiento internacional por los esfuerzos emprendidos.
El caso argentino muestra que se puede lograr un
descenso en la siniestralidad vial cuando un país invierte los recursos
financieros y humanos suficientes para lograr la observancia de las leyes y la
sensibilización de la población.
Como nos recordaron Zenani Mandela y otros
testimonios, conocemos bien la trágica magnitud de esta epidemia y sabemos qué
hacer para frenarla. Ahora nos toca actuar. Porque si una cosa me queda clara
es que el momento es hoy.
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