EL SALVADOR (25 Septiembre 2014).- La encontraron
tendida en el suelo del aseo de la fábrica donde trabajaba. Estaba sangrando.
Pero cuando llegó al hospital, María Teresa Rivera -madre soltera de 28 años-
no fue tratada como una enferma sino como una sospechosa. La policía comenzó a
interrogarla sin la presencia de un abogado. Había sufrido un aborto
espontáneo, aunque ella desconocía que estuviera siquiera embarazada. En julio
de 2012 fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a 40 años de
cárcel. María Teresa ingresó en prisión cuando su hijo apenas tenía cinco años
y recuperará su libertad con su pequeño convertido ya en un adulto.
En El Salvador, donde el aborto está totalmente
prohibido, las mujeres y niñas declaradas culpables de interrumpir sus
embarazos pueden ser condenadas a entre dos y ochos años de cárcel, aunque en
algunos casos, cuando son acusadas de homicidio agravado, la pena puede llegar
hasta los 50 años.
"La represiva y desfasada prohibición total del
aborto por parte del Gobierno está destrozando las vidas de mujeres y niñas en
El Salvador, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a
llevar a término peligrosos embarazos", denuncia Amnistía Internacional
(AI) en un informe -'Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y
prohibición del aborto en El Salvador'- presentado este jueves.
El Salvador prohibió el aborto en todas las
circunstancias en 1998. Hasta entonces, abortar era posible en los supuestos
ético, terapéutico y eugenésico. Tan sólo entre 2005 y 2008 hubo más de 19.000
interrupciones del embarazo en el país centroamericano, según el Ministerio de
Salud y más de una cuarta parte de las mujeres que abortaron tenían menos de 18
años.
Aunque estas cifras resultan escalofriantes, el caso
que dio la vuelta al mundo tiene nombre propio, aunque éste sea ficticio:
Beatriz. Esta joven de 22 años con lupus y una enfermedad renal fue sometida a
una cesárea, después de que el Tribunal Supremo de El Salvador le denegara la
posibilidad de abortar, pese a que el bebé que esperaba era anencefálico (no
tenía cerebro) y terminó muriendo poco después. Su periplo por los tribunales llevó
a organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso a la
ONU a pedir al Gobierno salvadoreño que reconsiderara su legislación sobre el
aborto.
Severos
castigos
"La terrible represión que sufren las mujeres y
niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se
les niega su derecho fundamental a decidir sobre su propio cuerpo, y se les
castiga duramente si se atreven a hacerlo" asegura Salil Shetty,
secretario general de AI. "Lo terrible es que la prohibición se extiende
incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual
significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término el
embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible
solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas
a morir", añade Shetty.
En El Salvador, con la mayor tasa de embarazos de
adolescentes de Latinoamérica, el acceso a la educación sexual y a los métodos
anticonceptivos es casi imposible, según denuncia la organización defensora de
los derechos humanos.
Cristina sufrió un aborto espontáneo a los 18 años.
Sintió un dolor punzante en su vientre y se desmayó. Cuando recobró el
conocimiento en el hospital, lo primero que le preguntaron fue: "¿Por qué
mataste a tu hijo?" La joven lo negó pero la policía la acusó de haberse
provocado un aborto. Aunque en un principio la acusación fue retirada por falta
de pruebas en octubre de 2004, la Fiscalía apeló y, en agosto de 2005, fue
condenada a 30 años de prisión.
De nada sirvió que la causa de la muerte no quedara
clara. "No sabían por qué había muerto el bebé. Entonces, cómo es posible
que se me acusara de homicidio agravado por la muerte de mi hijo sin ni
siquiera tener pruebas fundamentales". El fiscal argumentó, sin embargo,
que Cristina tenía que haber hecho más para salvar al bebé, pese a que perdió
el conocimiento. "¿Cómo iba yo ahí desmayada en el suelo a salir corriendo
hacia el hospital con mi bebé?", asegura Cristina, a la que se le conmutó
finalmente la pena tras permanecer cuatro años en prisión.
Abortos
clandestinos
La restrictiva legislación salvadoreña ha llevado a
muchas mujeres y niñas a someterse a abortos clandestinos. "Se practican
unos 4.500 abortos clandestinos al año según cifras no oficiales", asegura
la defensora de los derechos de la mujer, Alejandra Burgos, en una entrevista
con EL MUNDO.
De acuerdo a las últimas cifras de la Organización
Mundial de la Salud, el 11% de las mujeres y niñas que se someten a un aborto
clandestino en El Salvador mueren. Los métodos más empleados para poner fin a
los embarazos van desde ingerir raticidas u otros pesticidas, introducir por el
cuello del útero agujas de tejer, trozos de madera y otros objetos cortantes y
tomar misoprostol, un medicamento empleado para tratar las úlceras que se usa
también para inducir abortos. En algunos casos, la desesperación y la falta de
respuestas lleva a algunas mujeres embarazadas a atentar contra su propia vida.
Un 57% de las muertes de jóvenes embarazadas en El Salvador entre los 10 y los
19 años son por suicidio.
La ley no contempla ningún supuesto en el que el
aborto esté permitido, "aunque llevar a término el embarazo pueda tener
efectos devastadores para las mujeres tanto física como psíquicamente",
denuncia Amnistía, que pide a las autoridades que acaben con una ley que
"está matando a mujeres y niñas condenándolas a años de cárcel".
Por
ISABEL MUNERA/El Mundo
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