NUEVA YORK (13 Noviembre 2014) - Los concejales
Ritchie Torres (D-Bronx) y Antonio Reynoso (D-Brooklyn) dieron a conocer “El Acta sobre el Derecho a Saber” que busca
terminar con el desproporcionado número de afroamericanos y latinos que son
registrados y hostigados por la Policía.
El proyecto de ley tiene dos componentes. El primero
requiere que oficiales se identifiquen e informen la razón por la cual
decidieron parar a un individuo.
Actualmente, los policías llevan una placa en
sus uniformes con número de identificación y su apellido. La segunda, requiere
que el agente informe la persona sobre
sus derechos de poder rehusarse a ser registrado si no hay causa probable para
una requisa. “No podemos mejorar la relación entre la Policía y la comunidad
sin primero mejorar cómo interactúan”, declaró Torres en rueda de prensa en la
Alcaldía. “La meta es prevenir requisas ilegales”, agregó.
Reynoso, por su parte, señaló que el propósito de
este paquete de leyes “no es atarle las manos a los oficiales”. “Cuando las
personas saben sus derechos hay un nivel de responsabilidad y respeto de ambas
partes y es lo que queremos”.
Las medidas han sido aplaudidas por activistas que
abogan por los derechos civiles —como la Unión de Libertades Civiles (NYCLU)— y
por las organizaciones que piden reformas al NYPD.
Sin embargo, todos los sindicatos de policías
—incluyendo a los grupos de oficiales hispanos— se oponen a dichas medidas por
considerarlas como un intento por debilitar su autoridad.
“Los policías pasarán de ser socorristas de primeros
auxilios a dar auxilios de segunda debido a la ola progresista que ha inundado
a una ciudad cuyo sentido común se ha ahogado”, sostuvo Dennis González,
presidente de la Sociedad Hispana del NYPD.
El presidente del sindicato de patrulleros (PBA),
Patrick Lynch, dijo por medio de un comunicado que “pareciera que el Concejo
está más interesado en proteger a criminales que mantener a las comunidades
seguras”.
Una tercera propuesta del concejal Rory Lancman
(D-Queens) —cuyo distrito abarca los vecindarios Kew Gardens y Briarwood—
criminalizará la controversial llave de estrangulamiento, usada contra Eric
Garner, cuando policías lo trataban de arrestar el pasado julio, la cual —según
el reporte del forense— causó su muerte.
La propuesta de ley convierte el uso de esta táctica
en un delito menor que podría ser castigado hasta por un año de cárcel.
Entre los opositores de la práctiva se encuentra el
alcalde Bill de Blasio. El mandatario señaló que hay situaciones extremas donde
el uso del “chokehold” es necesario.
“Quiero respetar nuestros hombres y
mujeres en uniforme quienes pueden ser puestos a situaciones de vida o muerte,
donde un sujeto puede intentar matarlos y tienen que defenderse —esto podría
implicar la llave de estrangulamiento”, apuntó.
Por
MARLENE PERALTA/Edlp
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