NUEVA YORK (12 Febrero 2015). - Varios casos de
niños a los que se le impidió la matrícula en escuelas públicas del Distrito
Escolar de Hempstead, debido a su situación migratoria, fueron revelados en
documentos obtenidos el miércoles por este diario.
Los casos surgen a raíz de una investigación de la
Fiscalía General de Nueva York -iniciada
en octubre del año pasado- en que se revisaron las prácticas de admisión de
estudiantes indocumentados en escuelas
de Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester, luego que estos condados
experimentaran el mayor flujo de niños migrantes no acompañados procedentes de
Centro y Sudamérica.
En un documento reciente -fechado el 5 de febrero-
el fiscal Eric Schneiderman dio a conocer que ese mismo mes revisó información
específica sobre 33 estudiantes hispanos —la mayoría inmigrantes recientes— que
cada día eran regresados a sus casas “debido a que no había suficientes salones
de clases para acomodarlos”.
El documento indica que los administradores del
distrito les hacían firmar diariamente el ingreso a la escuela antes de
retornarlos a sus hogares.
Asimismo, se menciona el caso de tres diferentes
padres de familia que no lograron matricular a seis menores en el mencionado
distrito escolar. Uno de ellos intentó hacerlo hasta en seis oportunidades y
fue también rechazado por “falta de espacio”.
Según la información,
los planteles rechazaban a estos estudiantes por no llevar documentos que
demostraran su lugar de residencia y quiénes era sus padres o tutores. La
fiscalía señaló que, con esas prácticas,
se les estaba negando a estos menores su derecho constitucional a una
educación pública gratuita.
“Las puertas
de la escuela deben estar abiertas a todos los estudiantes de nuestro estado
cada vez más diverso, independientemente de su estatus migratorio.
Simplemente,
no hay excusa para negar ese derecho básico que está protegido por la
Constitución”, declaró el miércoles Schneiderman a El Diario. “Más de 30 años
después que la Corte Suprema garantizara una educación pública para los niños
indocumentados, debemos hacer todo lo posible para cumplir la ley y garantizar
la igualdad de acceso para todos nuestros estudiantes”.
De acuerdo con los documentos, la fiscalía había
sostenido varias conversaciones telefónicas con administradores del distrito y
funcionarios del Departamento Estatal de Educación, y en ninguna de ellas se
mencionó la existencia de una “lista de espera” para estudiantes que
solicitaban matrícula en ese distrito. Esta fue recién revelada tres semanas
después de la última llamada –realizada el 9 de enero— cuando la fiscalía y las
autoridades educativas ya conocían la existencia de esa lista.
Fuente
EL DIARIO LA PRENSA
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