PANAMÁ (3 Junio 2015).- Un juzgado de familia de
Costa Rica reconoció este martes por primera vez en la historia de Centroamérica
una unión de hecho entre personas del mismo sexo, lo que abre las puertas para
que estas parejas accedan a derechos patrimoniales en ese país.
Gerald Castro y Cristian Zamora conviven juntos
desde hace 12 años y comenzaron su lucha legal por el reconocimiento de su
unión en el 2013, lo cual dio frutos hoy con la resolución un juzgado de San
José.
La pareja basó su caso en la Ley General de la
Persona Joven, que entró en vigencia en el 2013 y que establece en uno de sus
artículos "el reconocimiento sin discriminación humana, de los efectos
sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma
pública, notoria, única y estable".
Con esta decisión la pareja podrá gozar de derechos
patrimoniales como optar por herencia, pensión, visitas a hospitales, la
repartición de bienes en caso de separación, entre otros.
La unión de Castro y Zamora sienta un precedente
único en la región centroamericana, ya que las legislaciones del resto de los
países no dejan caminos abiertos a la unión de hecho entre homosexuales, y
tampoco al matrimonio.
Costa Rica no cuenta, sin embargo, con una ley sobre
el tema y el presidente, Luis Guillermo Solís, dijo hoy que seguirá impulsando
un proyecto de ley para legalizar totalmente este tipo de uniones, una de sus
propuestas de campaña.
Desde Guatemala, un miembro de la Organización
LAMBDA por la Igualdad, la Dignidad y los Derechos Humanos de las personas de
la Diversidad Sexual, Frankiln Morales, dijo a Efe que este era un paso
"importante" y que aunque se diera lejos de su país, sirve para
estudiarlo y tomarlo "como referente e ir aprendiendo".
De acuerdo con la normativa guatemalteca, las
uniones civiles o matrimonios entre personas del mismo sexo no están permitidos
y no son legales, pero Morales considera que antes de abordar esa lucha, el
colectivo debe alcanzar respeto a sus derechos humanos y la erradicación de la
discriminación.
"Como organización de la sociedad civil,
estamos trabajando más por la cuestión de respeto e igualdad de derecho que de
matrimonio, porque no existen garantías en educación, salud y vivienda",
manifestó.
En Nicaragua, una ley que entró en vigencia el
pasado 8 de abril, el Código de la Familia, no reconoce a las parejas y
familias conformadas por dos personas del mismo sexo.
Activistas de la diversidad sexual y feministas han
criticado esta legislación pues según ellos, "viola derechos civiles a
homosexuales, lesbianas y personas trans al negarles su derecho a constituir
familias que gocen de la protección del Estado".
El Salvador también vivió este año una polémica en
torno al tema, el pasado 16 de abril la antigua legislatura del Parlamento
aprobó una reforma constitucional a 3 artículos de la Carta Magna que dejaban
sin cabida la unión entre homosexuales, al establecer que el matrimonio solo
puede existir entre un hombre y mujer "así nacidos".
La reforma también prohíbe que parejas con
diversidad sexual adopten niños y fue aprobada sin el apoyo del oficialismo,
pero ahora debe enfrentar el visto bueno de la nueva legislatura.
En Honduras, las leyes tampoco permiten la unión
entre parejas diversas, una posibilidad que líderes de la iglesia Católica y
Evangélica han repudiado públicamente.
Aunque existen diversos colectivos por la defensa de
los derechos, sus reclamos se han concentrado en el cese de la violencia contra
la comunidad Lésbica, Gay, Trans y Bisexual (LGTB).
En agosto de 2011, simulando una boda entre
homosexuales, el colectivo Arco Iris de Honduras solicitó que se aprobaran las
uniones en un acto público frente al Parlamento, pero no ha habido solicitud
formal de esto al ente legislativo.
En mayo de 2014 Panamá se retractó de lo que hubiese
sido el inicio de la aceptación de las uniones de este tipo y el ministro de
Gobierno de entonces, Jorge Ricardo Fábrega, presentó y retiró de la Asamblea
Nacional un proyecto de ley para aceptar los matrimonios del mismo sexo
celebrados en el extranjero.
Sin embargo, dos días después, el mismo ministro
solicitó el retiro del proyecto del parlamento y aseguró que había recibido
llamadas de altos representantes de la iglesia Católica y Evangélica que condenaban
esto.
Hasta 2008 Panamá sancionaba la práctica de la
homosexualidad "con cárcel y multas", decreto derogado por el
presidente Martín Torrijos (2004-2009), recordó en el 2014 el activista LGBT
Ricardo Beteta.
Activistas de la región coinciden en que hasta ahora
han enfocado sus reclamos en el respeto de derechos humanos básicos, ante la
fuerte discriminación de la que son objeto.
Costa Rica sembró precedentes en el tema antes de
los hechos de este martes y aunque los concubinatos no habían sido aprobados,
desde 2014 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aprobó reformas a su
reglamento para permitir a parejas del mismo sexo asegurarse entre ellos y
garantizar la visita hospitalaria mutua en caso necesario.
El 20 de noviembre pasado la CCSS otorgó el primero
de estos seguros y desde entonces ha aprobado un total de 87.
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