Las compañías aseguradoras Assured Guaranty Corp.,
Assured Guaranty Municipal Corp. y Ambac Guaranty Corp. radicaron una demanda
contra el gobernador Alejandro García Padilla y otros funcionarios porque
entienden que las órdenes ejecutivas del 30 de noviembre y del 8 de diciembre
pasados violan la Constitución de Estados Unidos.
De acuerdo con García Padilla, quien a media mañana
de hoy, viernes, envió declaraciones escritas en reacción a este asunto, tal
acción “provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que
el ELA cumpla con sus pagos a pesar de que no contamos con un andamiaje legal
para resolver esta inminente crisis de litigación”.
En la demanda, Ambac y Assured solicitan una orden
declaratoria que ratifique que se violó la Quinta Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos, por lo que “no tienen fuerza ni efecto” las órdenes
ejecutivas para activar el “clawback”.
En la acción civil presentada por los abogados Diana
Pérez Seda y Heriberto Burgos, recuerdan que las órdenes son a los efectos de
que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y la directora de la Compañía de
Turismo, Ingrid Rivera, retengan o transfieran fondos de impuestos que eran
para asegurar el pago de los bonistas de la Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT) y de la Autoridad del Distrito de Convenciones, “en
violación de la Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y del
debido proceso”.
“Esto ha afectado a los demandantes al usar los
pagos de bonos en otros usos inconstitucionales”, agrega la demanda.
Se añade que el acto constituye una “apropiación y
desviación de fondos de bonos que priva a los demandantes y bonistas de sus
intereses de propiedad legales y debidos procesos en cuanto a los fondos”.
Zaragoza y Rivera están incluidos como demandados,
al igual que el secretario de Justicia, César Miranda; el secretario de Estado,
Víctor Suárez; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta;
el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, y
el subsecretario de Hacienda, Juan Flores Galarza.
La acción civil aún no ha sido asignada a un juez
federal.
Los demandantes, mediante comunicado de prensa,
expusieron que, aunque el gobierno tiene el derecho de redirigir dinero para
hacer los pagos mencionados, “ese derecho está sujeto a condiciones previas
importantes”.
“Una condición previa importante es que el dinero
solo puede ser redirigido (“clawed back”) si no hay otros ingresos o dineros
disponibles para hacer los pagos de obligaciones generales”, leen las
expresiones.
“Para el año fiscal de 2016, el Estado Libre
Asociado (de Puerto Rico) espera aproximadamente $9,000 millones en recursos
disponibles, lo que excede bastante el servicio de la deuda pública de
aproximadamente $1,500 millones”, se añade.
Según el Wall Street Journal, Ambac y Assured tienen
cerca de $8,000 millones de la deuda pública de Puerto Rico que alcanza los
$70,000 millones.
“Escenario incierto para todas las partes”
García Padilla advirtió que los acreedores de Puerto
Rico pronto van a enfrentarse a un procedimiento en el que no cuentan con un
estado de Derecho en el que sus reclamaciones se atiendan de manera organizada,
un escenario, dijo, incierto para todas las partes.
El primer ejecutivo también responsabilizó
nuevamente al Congreso de Estados Unidos por aún no haber actuado para
establecer un proceso ordenado de reestructuración de la deuda que sea positivo
tanto para ELA como para los acreedores.
“Dicha acción congresional no representa costo
alguno para los contribuyentes de los Estados Unidos”, insistió.
“Lamentablemente, el Congreso – que responde a los
cabilderos de Wall Street – ha ignorado la crisis de Puerto Rico y, en vez, ha
preferido que los 3.5 millones de ciudadanos americanos de la Isla y sus
acreedores entren en un caos”, agregó.
El gobernador sostuvo que el Congreso “todavía puede
evitar que esta crisis humanitaria que está a punto de suceder se salga de
control, si aprueba inmediatamente el Puerto Rico Emergency Financial Stability
Act of 2015 que presentó en diciembre la representante Nancy Pelosi, la líder
demócrata en el Congreso, y los senadores Reid, Warren, Blumenthal y Schumer, y
concediéndole a Puerto Rico una facultad amplia de restructuración de sus
deudas. El pueblo de Puerto Rico merece acción rápida y decisiva del Congreso”.
Por
MARIANA COBIÁN/Endi.com
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