DAJABÓN, República Dominicana (10 Julio 2016).- Los portones de la
frontera se abren a las 8:00 de la mañana y un río crecido de personas empieza
a fluir silencioso, solemne, imponente e imparable, envuelto en un vaho
asfixiante. Vienen muchas mujeres, algunos hombres, niños, lisiados, algunos en carretillas y motoras, pero la inmensa
mayoría a pie, cargando enormes paquetes de mercancía sobre la cabeza.
Es la calurosa mañana de un viernes y esto es
Dajabón, donde está el principal cruce fronterizo entre la República Dominicana
y Haití. Los lunes y los viernes se lleva a cabo lo que se conoce como el
mercado binacional, una pausa que dos veces a la semana la República Dominicana
hace en sus ancestrales recelos contra sus vecinos en La Española y permite que
crucen de 25,000 a 30,000 haitianos cada día, que vienen a vender o
intercambiar de todo lo que se pueda imaginar en el lado quisqueyano de la
frontera.
Como una hoja arrastrada por el agua, en el río
crecido de personas viene Wihleim. Tiene diez años, usa una camisa roja y negra
que le queda muy grande, le gustaría tener más tiempo para jugar fútbol y hace
tiempo no va a la escuela.
A diario viene a Dajabón a pie desde su casa en la
localidad haitiana de Ouanaminthe, contigua a la frontera, donde vive con su
madre y una hermana mayor, a trabajar.
Puede vérsele cargando un racimo de plátanos, un
saco de legumbres, velando una de las omnipresentes motoras chinas de tres
ruedas, lo que sea, a cambio de algunas monedas. Tiene que llevar a casa un
mínimo de 200 pesos dominicanos diarios. Si se gana más de eso, come durante el
día. Si no, pues no. Cuando hablamos de 200 pesos dominicanos hablamos de más o
menos $4 dólares.
Eso es lo que andan buscándose Wihleim y cientos
otros niños que vagan a diario por las comunidades fronterizas y cuyos casos
ilustran las profundas complejidades del drama migratorio que protagonizan
Haití y la República Dominicana, por siglos entrelazados el uno al otro como
las venas en el cuerpo y que están viviendo un doloroso proceso de
desenmarañamiento que alcanzó su clímax hace justo un año.
En junio de 2015, la República Dominicana comenzó a
deportar a decenas de miles de haitianos o dominicanos descendientes de
haitianos, en un proceso que ha sido objeto de severas condenas por la manera rotunda en que se tramitan las
deportaciones y por la ausencia de mecanismos para que los repatriados puedan
impugnar el desenlace.
Reverberaciones de terror
Las deportaciones masivas han enviado
reverberaciones de terror entre los incontables haitianos y descendientes que
viven en este país, lo que ha provocado que miles, con o sin documentos, se
hayan desplazado voluntariamente a Haití, uno de los países más pobres del
mundo y que en este momento vive, otra vez, una profunda crisis política tras
las impugnadas elecciones de octubre del año pasado.
“Ha habido muchas repatriaciones abusivas”, dijo
Hilda Peña, una dominicana que es coordinadora nacional de la Red Fronteriza de
Promoción de Derechos Humanos, una organización no gubernamental de ayuda a
repatriados.
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional
Dominicano emitió una polémica determinación que estableció que los hijos de
indocumentados nacidos en este país carecían de nacionalidad dominicana y
podían ser expulsados de inmediato.
La decisión tenía un efecto en especial devastador
entre inmigrantes haitianos y sus descendientes, pues la frontera entre ambos
países existe más en los mapas que en la vida real y por siglos la han cruzado
libremente cuantos quieren, cuando quieren y como quieren, para quedarse acá
todo lo que quieran.
Protestas de la comunidad internacional obligaron al
gobierno dominicano a establecer un periodo de 18 meses durante los cuales los
hijos de inmigrantes nacidos en la República Dominicana pudieran regularizar su
situación, siempre que pudieran probar que, en efecto, habían nacido en
Quisqueya. El periodo de regularización comenzó en noviembre de 2013 y terminó
en junio de 2015.
Cerca de 288,000 lograron regularizar su situación.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) difundido el mes pasado, decía,
citando cifras de la Organización
Internacional de Migraciones, que 106,664 haitianos han cruzado la frontera
desde junio de 2015, de los cuales 40,281
fueron repatriados por las autoridades dominicanas. Los restantes 66,383
abandonaron voluntariamente el país, temiendo ser hostigados por la Dirección
General de Migración (DGM) de la República Dominicana, según AI.
Días después del informe de la AI, el director de la
DGM, Rubén Paulino Sem, indicó a medios dominicanos que el número de
repatriados desde junio del año pasado es de 31,164, pero incluye personas de
23 países.
Además, según Sem, 113,320, incluyendo 23,286 niños
y niñas, regresaron voluntariamente a Haití durante el mismo periodo.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado que
el proceso de regularización fue tan caótico, y las condiciones que se le
exigieron a los participantes tan onerosas, que, al expirar el periodo, otras
decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos quedaron
desprovistos de la nacionalidad del único país que conocen como suyo.
Quedaron, desde entonces, a merced de los agentes de
la DGM, que, según múltiples testimonios, peinan continuamente comunidades,
recogiendo a cualquiera del que sospechen es haitiano, para deportarlo sin
proceso de apelación formal, si no puede probar en el acto que está legalmente
en este país.
"Peor que un animal"
Víctima de esto fue Luce Lafreur, quien dice haber
nacido hace 33 años en la provincia de La Altagracia, en el oriente de la
República Dominicana. Sus padres eran indocumentados haitianos, peroél nunca
había vivido en Haití. Trabajaba como obrero de la construcción en Santo
Domingo, donde vivía con su esposa, Andrea Alexandre, una indocumentada
haitiana de 30 años, que, en el momento de la deportación, llevaba once años en
este país, donde dio a luz a los tres hijos de la pareja: una niña de once años
y dos varones de tres y un año.
Luce, quien habla perfecto español con un acento tan
dominicano que hace insólito que siquiera se sospeche que es de otro lado, hizo
todo lo que estuvo a su alcance para regularizar su situación y la de su
familia. Para probar que había nacido y vivido toda la vida en República
Dominicana le pidieron múltiples documentos, tres testigos y hasta la comadrona
que lo trajo al mundo tres décadas antes. Logró ubicarla, pero con la mala
fortuna de que había muerto tres años antes de que él diera con su rastro.
Los trámites eran como meterse en un laberinto
burocrático en el que un hombre como él, sin educación formal, asustado,
ansioso, se perdía irremediablemente. Andar de un lado a otro tratando de
probar de dónde es le tomaba días y le hacía perder empleos. Un hombre se
ofreció a ayudarlo con los trámites, pero le pidió a cambio lo que le era
imposible dar: 30,000 pesos dominicanos, unos $660 dólares, todo su salario en
casi cuatro meses de trabajo.
Llegó junio del 2015 y no pudo completar los
trámites que lo hubieran certificado como
dominicano. Poco después, en la tarde de un sábado, Luce y Andrea
caminaban con dos de sus hijos por una calle de la capital dominicana
para ir a hacer compra en un colmado
cuando fueron detenidos por agentes de la DGM.
Poco después estaban Luce, su esposa y sus tres
hijos en el campamento de repatriados de Parc Kadó, en Haití, viviendo en una
caseta de cartón y paja, hacinados, hambrientos y agobiados por la pobreza más
extrema imaginable. “Me siento peor que un animal”, dice Luce, entornando sus
feroces ojos negros.
Las autoridades dominicanas se defienden
apasionadamente de cualquier señalamiento de irregularidad, abuso, persecución
o discrimen en cuanto al tema de la repatriación de haitianos y no reconocen
ningún problema con el proceso. “Nosotros en el proceso de expatriación
agotamos un protocolo. Aquí no se repatria nadie así por así. Se agota un
protocolo donde hasta las huellas de esa persona son tomadas. Si esa persona
tiene su residencia vencida o está en el proceso de Plan de Regularización de
Extranjeros esa persona no se deporta, no se repatria”, dijo a El Nuevo Día
Ambiorix Rosario, portavoz de la DGM.
Rosario afirmó que el caso de cada detenido es
revisado y que no se sueltan en la frontera, sino que se entregan, con sus datos personales, a funcionarios del
gobierno haitiano. Asegura son falsas las versiones de que se detienen
haitianos en la calle, se suben a camionetas y se llevana la frontera sin la
oportunidad de impugnar el proceso. Pero, agregó: “cuando uno va a Puerto Rico,
va a Estados Unidos, va a Europa, si usted anda en la calle y un oficial de
migración le requiere sus documentos y usted no los tiene, usted pasa un mal
rato”.
El viernes 24 de junio de 2016, a las 4:33 de la
tarde, los enviados de El Nuevo Día a la frontera atestiguaron lo siguiente:
caminaban cerca del cruce fronterizo en Dajabón cuando les pasó por el lado una
camioneta Nissan Frontier, matrícula EL3763, blanca, con los rótulos de la DGM.
Llevaba en el cajón cerca de diez mujeres y niños.
La camioneta se detuvo a pasos del portón de la frontera. Allí se bajaron y
caminaron hacia Haití en el momento en que empezaba a caer una llovizna. Este
periodista le preguntó al chofer si eran expatriados y contestó en la
afirmativa.
Entre las mujeres transportadas en la camioneta
estaba Verona Joachim, de 25 años, y su hija Kimberly, de dos años. Fueron
detenidas en una parada de guagua en la localidad de Santiago de los
Caballeros. Verona tenía el certificado de nacimiento de su hija y su cédula de
identidad, los cuales mostró a El Nuevo Día. Pero, según su versión, los
agentes del DGM les dijeron que la documentación era falsa y los llevaron
directo a la frontera sin la oportunidad de defenderse.
Sin patria
“Yo no hallo ni qué decir, porque yo tengo 25 años y
esto es la primera vez que me pasa. Yo
nací en la República Dominicana. Tengo una vida hecha en la República
Dominicana. Eso no debería ser así. Debería haber una ley que apoye a los
nacidos en la República Dominicana. Nosotros
no tenemos ninguna ley que nos proteja. Somos chivos sin ley. En Haití
dicen que no somos haitianos, en República Dominicana dicen que no somos
dominicanos. Estamos en una isla en la que no existimos”, dijo Verona, antes de
que, con la niña y sus paquetes a cuestas, cruzara el puente sobre el río
Masacre, que divide ambos países, y se perdiera
en las polvorientas calles de esta zona de Haití, entre los cientos que
regresaban tras participar del mercado binacional.
Entre las
deportadas también estaba la haitiana Franciyete Luben, quien mostró la cédula
que le autorizaba a vivir en República Dominicana y fue deportada junto a
varios de sus hijos. "Yo pensé que no iba a tener problemas porque tengo
los papeles", dijo la mujer, que fue detenida en Santiago.
Confrontado con esta información, Rosario afirmó: “Eso
no es así. Nosotros rechazamos este tipo de información porque a nuestro juicio
no se corresponde con el trabajo que nosotros realizamos”.
Un corral
Antes de ser depositados en la frontera, los
detenidos son procesados por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza
Terrestre (CESFRONT), el organismo militar
dominicano encargado del manejo de los inmigrantes de los que se
sospechaque no tienen documentos.
En el cuartel del CESFRONT, los detenidos esperan
encerrados en una especie de corral de alambre
eslabonado (cyclone fence) y techo de aluminio,
en el patio de la instalación, mientras los funcionarios deciden si está
autorizado a permanecer en la República Dominicana.
En una tarde reciente, allí estuvo esperando que se
decidiera su suerte, el haitiano Bijore Sylvestre, de 28 años, que hace 13 años
vive en Dominicana. Tiene su permiso de residencia, pero eso no impidió que
fuera detenido en su trabajo, llevado al cuartel del CESFRONT y tenido que
esperar todo el día en lo que
verificaban sus papeles.
Al cabo de unas cuantas horas en el corral del
CESFRONT, los militares le devolvieron su cédula y le permitieron salir a pie
del cuartel, a seguir ganándose la vida en paz, o al menos en lo que otro
agente del gobierno dominicano sospeche que es ilegal.
Por
BENJAMÍN TORRES GOTAY/Endi.com


No hay comentarios.: