SAN JUAN, Puerto Rico (1 Diciembre 2016).- Ricardo
Rosselló Nevares tomará este lunes posesión como nuevo gobernador de Puerto
Rico con el reto inmediato de dar solución a una deuda pública impagable y
convivir con una entidad de supervisión impuesta por Washington para atender la
crisis económica que seguirá cada uno de sus pasos.
El hijo del exgobernador Pedro Rosselló González
(1993-2000), de 37 años y señalado por sus críticos como persona de nula
experiencia en la vida pública que ha llegado al cargo gracias a su padre,
tiene la tarea durante los próximos 4 años de dar solución a los problemas de
este Estado Libre Asociado a Estados Unidos con unas arcas vacías.
Cada una de la decisiones de Rosselló, presidente
del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que aboga por anexionar la isla
a EE.UU., serán examinadas con lupa por la Junta de Supervisión fiscal, entidad
que surge de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica
de Puerto Rico, conocida como Ley Promesa, aprobada por el Congreso
estadounidense.
El ejecutivo de San Juan se declaró durante 2016
incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60,000 millones de dólares y
ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de
cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la
colaboración de Washington.
El Congreso estadounidense rechazó la petición de
San Juan de acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal para negociar
con sus acreedores al argumentar que para ello debería ser un estado más de
EE.UU., requisito que no cumple la isla, un Estado Libre Asociado al país
estadounidense con Constitución propia y cierto grado de autonomía.
San Juan había buscado al promover a nivel local la
Ley 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de
las Corporaciones Públicas, conocida como "ley de quiebra criolla",
que las corporaciones públicas pudiesen declarase en quiebra, pero distintos
tribunales determinaron que era inconstitucional.
Rosselló tendrá muy poco tiempo para reaccionar, ya
que a mediados de febrero termina la prórroga que establece la ley Promesa para
las demandas judiciales presentadas por los acreedores, que esa normativa dejó
durante unos meses sin efecto para que el Ejecutivo de San Juan pudiera
afrontar sus problemas sin la distracción de una maraña judicial.
El que mañana será nuevo gobernador ha dejado
entrever que va a buscar algún tipo de ayuda financiera desde Washington para
afrontar el reto de la deuda, aunque sin dar detalles.
Rosselló lo primero que tendrá que garantizar es la
prestación de servicios básicos a la población y a la vez negociar con los
acreedores.
El gobernador electo, que se ha rodeado de un
gabinete de gente tan joven como él, ha dicho que la raíz del problema es que
Puerto Rico es tratado por Washington como una colonia, por lo que pondrá en
marcha todos los mecanismos para que durante su mandato se celebre una consulta
con el objetivo de que la isla se integre plenamente en Estados Unidos.
Puerto Rico cuenta desde 1952 con una Constitución
que le otorga cierto grado de autonomía gubernamental, pero se supedita a las
autoridades federales de EE.UU. en áreas críticas como relaciones diplomáticas,
fronteras, moneda o defensa.
Analistas políticos han apuntado que Rosselló tiene
un complicado panorama y las manos atadas, ya que la Junta de Supervisión
fiscal tiene capacidad para vetar cualquier decisión de naturaleza financiera
del futuro gobierno, además de supervisar y tener la última palabra en la
práctica totalidad de las agencias gubernamentales.
A convivir con esa entidad y pagar la deuda se unen
otros graves problemas como una criminalidad que cada semana se cobra la vida
de cerca de diez personas, un alto desempleo o elevar una de las poblaciones
laborales con menos trabajadores activos del mundo.
El presidente de la República Dominicana, Danilo
Medina, estará mañana presente en el acto de toma de posesión.
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