DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS: GOBIERNO DOMINICANO NO RESPETÓ INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA IMPARCIALIDAD
WASHINGTON (12 Marzo 2020).- El reporte del Departamento de Estado de los Estados
Unidos sobre los derechos humanos señala que a pesar de que las leyes
dominicanas establecen un poder judicial independiente; el gobierno no respetó
la independencia judicial y la imparcialidad.
Además, acusa al gobierno de ejercer de manera
generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales.
El informe publicado este miércoles 11 de marzo
señala además que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo
hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política
indebida”.
Añade que “el poder judicial desestimó
rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder
judicial era un problema grave. El informe indica “que la forma más frecuente
de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades
se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los
detenidos”.
Caso
Odebrecht
En ese sentido, en el capítulo sobre
"Corrupción y falta de transparencia en el gobierno", el Departamento
indica que en septiembre de 2017 la Corte Suprema inició un juicio contra seis
de los 14 acusados acusados en 2017 por presuntos vínculos con $92 millones
de dólares en sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht
para obtener contratos de obras públicas. Los seis acusados incluían un
senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de
obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso
adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo
que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que
involucraba a las élites políticas y económicas del país.
En junio, un informe del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación reveló que, además de los US$92 millones
informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros US$39.5
millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta
Catalina.
Después de que este informe se hizo público, la
Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en
el proceso de licitación de la planta, pero no presentó ningún cargo adicional.
El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron
previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de
la planta.
Las ONG criticaron la práctica generalizada de
otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político. Alegaron que muchos
funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo.
Algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían
alojar sus oficinas físicas.
Las ONG y los ciudadanos individuales informaron
regularmente actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración
y funcionarios de prisiones.
En ocasiones, el gobierno utilizó castigos no
judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal
militar, policías, jueces y otros funcionarios menores.
Sin embargo, la aceptación y tolerancia
generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos
anticorrupción.
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