PRESIDENTE DONALD TRUMP PROLONGA POR EL RESTO DEL AÑO EL VETO A PROFESIONALES EXTRANJEROS
La medida, que amplía la medida anunciada en abril por un periodo de 60 días, no se aplica a quienes ya se encuentren dentro del territorio estadounidense pero impide solicitar permisos de trabajo a personas que se encuentran fuera. La orden presidencial forma parte de la respuesta de la Casa Blanca a la crisis económica provocada por las medidas contra la propagación del coronavirus, han explicado fuentes de la Administración. Su cálculo es que protegerá unos 525.000 puestos de trabajo.
Entre los permisos afectados se encuentran los populares H-1B, al que recurren por ejemplo las empresas tecnológicas para traer expertos extranjeros, también los visados J-1 que permiten la contratación de profesores visitantes y otros intercambios, que sirven también para las au pair, además de los tipo L-1 que se concede a los ejecutivos de las grandes corporaciones.
La medida ha sido aplaudida por grupos y medios conservadores, que reclamaban desde antes de la pandemia. El portal Breibart, que denuncia abusos en el uso de estos visados por parte de las grandes empresas y habla de una “progresiva sustitución de los trabajadores americanos” por extranjeros asegura que el presidente se convenció de la necesidad de la medida tras escuchar las quejas de miles de graduados universitarios y asociaciones profesionales.
Las grandes empresas americanas discrepan de sus alegaciones y han hecho presión, sin éxito, con ayuda de congresistas y senadores republicanos, para que la Casa Blanca reconsiderara su posición. Aseguran que los visados H-1B se usan sobre todo para cubrir nichos, puestos de trabajo muy especializados que no son fáciles de encontrar en el mercado laboral estadounidense. “Va a acabar por ser contraproducente, es como usar una bomba nuclear para responder a una pelea de bar”, ha dicho Leon Fresco, ex alto cargo de la Administración Obama sobre cuestiones migratorias, que ahora representa a este colectivo de trabajadores.
La orden presidencial afecta también a los permisos tipo H-2, para empleos menos cualificados en el sector de la hostelería y la construcción por ejemplo. La prórroga prevé excepciones para los trabajadores del campo, que podrán seguir solicitando visados como jornaleros, así como para los profesionales del sector sanitario, necesarios para paliar el crónico déficit de personal de este tipo que padece Estados Unidos. Una encuesta reciente del Pew Research Center indica que el 64% de los estadounidenses creen que los inmigrantes realizan principalmente trabajos que ellos no quieren desempeñar.
El anuncio llega en un momento clave de la campaña de reelección del presidente, que este sábado pudo comprobar en su mitin en un pabellón semivacío de Tulsa (Oklahoma) que las encuestas quizás no se equivoquen cuando alertan de una aguda caída de la popularidad como consecuencia de la pandemia y su respuesta a las demandas de justicia racial. El presidente, dijeron fuentes de la Casa Blanca, quiere “una recuperación América Primero” y “maximizar las oportunidades para los trabajadores estadounidenses de encontrar empleo”.
En cuestión de semanas, Estados Unidos pasó del pleno empleo a un paro del 13,3% actualmente pero ya antes de la crisis del coronavirus la administración Trump había adoptado restricciones no solamente contra la inmigración ilegal sino contra la llegada de trabajadores por vías legales.
En el caso de los visados de inmigrantes para trabajar –cuya concesión exige contar con un patrocinador en Estados Unidos, privado o público– entre el 2016 y el 2019 la caída fue del 25,3%, de 617.752 a 461.600 al año. En cuanto a los visados de no inmigrante –los que se conceden a estudiantes, periodistas, inversores o temporeros– la reducción ha sido del 15,8%, de 10,3 millones en el 2016 a 8,7 millones. A puerta cerrada, y mientras el presidente Trump demonizadaza a los extranjeros en sus mítines electorales altos cargos de la Casa Blanca reconocieron el pasado invierno que estaban “desesperados” por conseguir inmigrantes.
Por BEATRIZ NAVARRO/La Vanguardia
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