CABOS, CLAVES Y FICHAS SUELTAS EN MAGNICIDIO EN HAITÍ CONTRA PRESIDENTE JOVENEL MOÏSE
BOGOTÁ, Colombia (11 Julio 2021).- Doce impactos de fusil y de pistola 9 milímetros, orificios de bala en su frente y en cada pezón, tres disparos en la cadera, otro en el abdomen, y su brazo y pie derechos fracturados.
La necropsia del asesinado presidente de Haití,
Jovenel Moïse, y varias cámaras de seguridad están dejando en evidencia lo que
ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 julio, en Pétion-Ville, el
exclusivo barrio de Puerto Príncipe en donde está ubicada la residencia del
mandatario.
Agencias de cuatro países están investigando quién
está detrás del magnicidio de Moïse, quien llevaba cinco años al frente de ese
convulsionado país.
“Se
pactó que personal de inteligencia de la Policía y de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) apoyarán en terreno la indagación en la que ya avanza el FBI”.
En las calles de su capital, hordas de ciudadanos y
autoridades desplegaron una cacería de los miembros del comando armado que
estuvo en el lugar del crimen. Mientras tanto, el primer ministro, Claude
Joseph, declaró el estado de sitio.
Como si las cosas no pudieran estar peor, 24 horas
después del magnicidio, el comandante de la Policía, León Charles, soltó una
carga de profundidad. Reveló que 26 colombianos conformaban el comando armado,
tres de los cuales fueron aniquilados en la Rue Pinchinat, en Pétion.
Para ese momento, Charles ya tenía en sus manos un
informe con datos de los exmilitares que el presidente Iván Duque había
ordenado elaborar con sigilo para las autoridades haitianas. Además, se pactó
que personal de inteligencia de la Policía y de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) apoyarán en terreno la indagación en la que ya avanza el
FBI.
Reclutadores
y Hérard
Sin que la investigación siquiera tome impulso, la
noticia de que exmilitares colombianos estaban involucrados en el magnicidio le
dio la vuelta al mundo. Internacionalmente se habla de Colombia como una
cantera de mercenarios, residuos del conflicto interno.
Por ahora hay constancia de que hay 7 civiles y 13
exmilitares –dos oficiales, tres suboficiales y ocho soldados (todos retirados)–
implicados en los hechos. Pero son más.
Duberney Capador fue asesinado en Puerto Príncipe.
Duberney Capador, afirma su familia, viajó a Haití a
trabajar en una empresa de seguridad.
A través de un familiar, EL TIEMPO tuvo contacto con
uno de los militares colombianos, quien narró cómo terminó acorralado en Haití,
después de ser un uniformado condecorado.
A él, dice, lo contactó el sargento viceprimero (r.)
Duberney Capador, de 40 años, quien murió después del operativo. Capador estuvo
asignado a la Brigada 30 de Cúcuta, hasta enero de 2020, la misma del carro
bomba de hace 4 semanas. Pero más allá de ese detalle, se le ubica como uno de
los reclutadores, aunque allegados lo niegan.
También se indaga si Marco Antonio Palacios, quien
viajó con el grupo, tiene ascendencia haitiana. Y el FBI rastrea si la empresa
de seguridad privada de Dimitri Hérard, el jefe de Seguridad del Palacio Nacional,
contactó a los colombianos.
Además, se quiere establecer qué hizo Hérard en su
viaje relámpago a Ecuador el 22 de mayo de este año –país donde fue entrenado,
en 2012–, y que incluyó una escala en Bogotá.
Dimitri Hérard ya venía siendo investigado por
presunto tráfico de armas. Y está citado a declarar la próxima semana, junto
con Jean Laguel Civil, coordinador de Seguridad del presidente Moïse.
Las autoridades quieren que expliquen cómo permitieron
que el presidente fuera torturado con saña y luego asesinado en su propia
residencia; por qué nadie del anillo de seguridad resultó herido y cómo ingresó
el comando armado sin ser detectado y sin que hubiera siquiera un intercambio
de disparos.
La vivienda donde asesinaron al presidente de Haití está ubicada en el barrio Perelin, en Puerto Príncipe, Haití.
Según el exmilitar colombiano contactado por EL
TIEMPO, en Haití ocultan información. Dice que el ingreso de colombianos a ese
país fue rápido y sin preguntas. Y les dijeron que estaban siendo contratados
por el Gobierno.
“Como en mayo o junio, se creó un grupo de WhatsApp en
el que empezaron a ofrecer el trabajo. La idea era prestar seguridad en
sectores golpeados por bandas de secuestradores, en especial una que opera en
Laule 12. Además, proteger al presidente si se requería. Ofrecían entre 2.300 y
2.800 dólares al mes, dependiendo del entrenamiento”, explicó.
Los mensajes
“Van los que tengan pasaporte al día, curso de
comando, de lancero o de Fuerzas Especiales”, se lee en uno de los mensajes
enviados a los exmilitares colombianos.
“Van los que tengan pasaporte al día, curso de
comando, de lancero o de Fuerzas Especiales”, se lee en uno de los mensajes que
le llegó.
Y en otro se lee: “Lleven dos camisetas negras y dos
pantalones caqui mientras llega la dotación (...). Van a recibir armas largas y
cortas (...). Nos vamos”.
“Varios tenían esos cursos, entre ellos Capador,
Manuel Grosso y Francisco Eladio Uribe Ochoa, que estuvieron juntos en el
Batallón de Chiquinquirá, Boyacá”, dice un investigador.
Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los colombianos que estaría involucrado.
Grosso (primo lejano del consejero presidencial para
la Seguridad, Rafael Guarín) fue chofer de confianza del jefe del Estado Mayor
de la Brigada de Fuerzas Especiales, en Tolemaida. Y Uribe, miembro del Gaula
Militar, en donde terminó involucrado en ‘falsos positivos’.
Ahora, los colombianos capturados están pidiendo que
las autoridades revisen las cámaras de seguridad. Allí, dicen, quedó registrado
que el presidente fue asesinado hacia la 1:30 a. m. Y el comando de colombianos
llegó hacia las 2:40 a. m.
Dos de los detenidos declararon que acudieron al lugar
porque les reportaron una balacera. Y, además, que ellos socorrieron a la
primera dama, Martine Moïse, gravemente herida.
Pero los estadounidenses, de origen haitiano,
capturados –James Solages y Joseph Vincent– han dado una versión diferente.
Dicen que fueron a la casa del presidente para hacer efectiva una orden de
detención de un juez y no para matarlo.
En todo caso, a investigadores les llama la atención
que el reclutamiento en Colombia –que se habría apoyado en cuatro firmas de
seguridad privada locales– se dio poco después de la decisión de Moïse de
permanecer en el poder un año más.
Ese anuncio desató la ira de la oposición y de algunos
poderosos (del sector energético, bancario, de la construcción e incluso
jueces) y líderes de varios partidos, ya muy molestos por el hecho de que Moïse
viniera gobernando por decreto desde el 2020, ante la no realización de
elecciones para el Congreso en octubre de 2019.
De hecho, el mandatario ya había advertido que sabía
de un plan para asesinarlo o darle un golpe de Estado, a pesar de que convocó a
elecciones el 26 de septiembre.
Incluso se cree que la fractura en su brazo,
encontrada en la necropsia, se debió a que lo quisieron obligar a firmar su
dimisión.
Pero, en lo penal, los dos grandes interrogantes son:
¿quién ordenó asesinarlo? y ¿los colombianos están involucrados en el
magnicidio o fueron utilizados para desviar la investigación?
La manera como se pagó el desplazamiento de los
exmilitares –que se movieron desde Bogotá, vía aérea, por Panamá y República
Dominicana– podría aclarar para quiénes trabajaban.
También arrojaría pistas saber quiénes alquilaron las
lujosas casas en las que los hospedaron. Una de estas, ubicada en el exclusivo
barrio Thomassin, fue ocupada meses atrás por Magalie Habitant, del partido
haitiano PHTK, aliada del presidente Moïse. Según salió a explicar, un abogado
se la había alquilado a ella.
Y ha llamado la atención que James Solages, uno de los
estadounidenses de origen haitiano capturados, trabajó para Sogener. Se trata
de la electrificadora vinculada a la familia del fallecido expresidente René
Preval. Sin embargo, Solages aseguró que encontró por internet la oferta de ser
traductor del grupo de exmilitares.
Pero en Haití muchos ya intuyen quiénes son los
responsables: alfiles de Moïse, incluido su embajador en Colombia, Jean Mary
Exil, han dicho que la guerra que este desató contra la corrupción, con miras a
ejecutar un cambio estructural, tenía incómodos a muchos.
Agentes federales, mientras tanto, custodian la
habitación del Hospital Jackson Memorial, de Miami, en donde está la primera
dama.
Ella es el camino más corto para saber qué pasó. De
hecho, el sábado empezó a dar pistas. En un audio, de 2 minutos y 20 segundos,
atribuyó el ataque a “mercenarios que no dejaron ni mediar palabra” a su
esposo.
Y asegura que fue eliminado por el deseo de celebrar
un referéndum para aprobar una nueva Constitución.
Tormenta
interna
En Colombia, algunos sectores arremetieron contra el
Ejército y el Gobierno por la falta de control sobre los militares altamente
entrenados que pasan a retiro. Pero para el doctor en derecho internacional
Eric Tremolada, es poco riguroso ligar lo sucedido en Haití con el Gobierno o
el Ejército.
“Al no ser agentes del Estado, el tratamiento que
tendrían es el de criminales ante la justicia haitiana. Mientras no sean
militares activos, Colombia no tiene que asumir responsabilidad":
Tremolada.
“Al no ser
agentes del Estado, el tratamiento que tendrían es el de criminales comunes y
corrientes ante la justicia haitiana. Mientras no sean militares activos,
Colombia no tiene que asumir responsabilidad internacional”, explica el
académico.
Y John Marulanda, cabeza de la Asociación Colombiana
de Oficiales Retirados (Acore), salió a rechazar que se intente estigmatizar al
Ejército. Y advirtió que una cosa es contratar militares (r.) calificados, como
los colombianos, para labores de seguridad, y otra, echar mano de mercenarios,
una actividad proscrita en el ámbito internacional.
“No fue una operación de comando para abatir a un
objetivo. Más parece una emboscada”, puntualizó Marulanda.
La
huella del narcotráfico en la isla
En la clasificación que el Departamento de Estado hace
sobre países vinculados al tráfico de drogas, Colombia y Haití siempre
aparecen. Por eso no se descarta que mafias del narcotráfico hayan articulado
el plan para asesinar al presidente Jovenel Moïse, en conjunto con otras
fuerzas.
El coronel (r) John Marulanda es consultor en asuntos
de seguridad nacional e internacional.
La DEA considera que la isla es el centro de
distribución de la cocaína que se produce en Colombia (y se dispara desde
Venezuela) y de la marihuana de Jamaica.
La corrupción de su sistema judicial y el poco control
de sus fronteras marítimas son capitalizados por poderosos carteles.
República Dominicana ha dicho que en julio empieza a
construir un muro para cerrar la frontera con Haití, debido al alto contrabando
de carros, trata de personas, narcotráfico y delincuencia.
“Esa amplia frontera es propicia para que se den
hechos como el de ingreso de mercenarios”, dice John Marulanda, cabeza de Acore
y consutor internacional en seguridad.
Y agregó que, para enganchar gente, hubo reuniones en
hoteles de la zona de Corferias, en Bogotá.
UNIDAD
INVESTIGATIVA/El Tiempo
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