TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS RECHAZA TEORÍA COMO LA "LEGISLATURA ESTATAL INDEPENDIENTE" QUE PONÍA EN EL JUEGO LA DEMOCRACIA
Ha sido decisiva la posición de tres jueces
conservadores en este caso más moderados, que se han alineado con los
progresistas en una sentencia dictada por 6 votos a 3. La sentencia ha sido
escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que ha
argumentado que “los tribunales estatales conservan la autoridad para aplicar
las restricciones constitucionales estatales cuando las legislaturas actúan
bajo el poder que les confiere la Cláusula Electoral. Pero los tribunales
federales no deben abandonar su propio deber de ejercer la revisión judicial”.
Junto a Roberts han votado las tres juezas
progresistas (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown-Jackson) y los
conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En cambio, Samuel Alito,
Clarence Thomas y Neil Gorsuch han formulado votos particulares. En la vista
oral ya mostraron su simpatía por dar más poder a las legislaturas estatales,
controladas en su mayoría por los republicanos.
El caso que se revisaba surge de que el Tribunal
Supremo de Carolina del Norte decidió anular los mapas electorales dibujados a
su favor por los republicanos, que controlan el Congreso estatal, pues
consideraba que era demasiado partidista y artificial, un caso extremo de
gerrymandering (el diseño de los distritos para beneficiar a un partido). El
presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Timothy Moore,
recurrió alegando esa “doctrina de la legislatura estatal independiente”, que
defiende que solo los parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen
potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las presidenciales
y las legislativas.
El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos
dice en la conocida como Cláusula Electoral: “Los lugares, épocas y modo de
celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribirán en cada
Estado por la legislatura respectiva, pero el Congreso podrá formular o alterar
las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley (...)”.
La cuestión era si cuando la Constitución habla de las
“legislaturas” estatales daba carta blanca al poder legislativo para saltarse
incluso las constituciones estatales y el control de los tribunales. Si se
rompía la tradición asentada durante toda la historia constitucional
estadounidense y se consideraba así, las implicaciones podrían haber sido
tremendas, porque abriría paso a todo tipo de maniobras más agresivas para
favorecer al partido propio por parte de los parlamentos estatales.
El Supremo rechaza esa doctrina. La Constitución “no
exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas
por la ley estatal”, dice la sentencia. “Desde muy temprano en la historia de
nuestra nación, los tribunales han reconocido su deber de evaluar la
constitucionalidad de los actos legislativos”, apunta. “Se nos pide que
decidamos si la Cláusula Electoral establece una excepción a este principio
básico. Sostenemos que no. La Cláusula Electoral no aísla a las legislaturas
estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal”, concluye.
Según el Supremo, los tribunales estatales conservan
la autoridad para aplicar las restricciones constitucionales estatales cuando
las legislaturas actúan en virtud del poder que les confiere la Cláusula
Electoral.
El Supremo señala que los tribunales estatales no
pueden revisar a su capricho los mapas electorales, sino que su revisión debe
atenerse a la ley y está sujeta a la revisión de los tribunales federales. “Al
interpretar la ley estatal en este ámbito, los tribunales estatales no pueden
sobrepasar los límites de la revisión judicial ordinaria hasta el punto de
inmiscuirse inconstitucionalmente en el papel específicamente reservado a las
legislaturas estatales”, dice. Ese aspecto es clave para haber logrado un punto
de encuentro entre conservadores y progresistas.
En este caso se dirimía si el tribunal estatal tenía
derecho o no a revisar el mapa electoral propuesto, pero no el fondo de la
cuestión, si ese reparto de los distritos era demasiado partidista o no. “Dado
que no necesitamos decidir si eso ocurrió en el caso de hoy, se confirma la
sentencia del Tribunal Supremo de Carolina del Norte”, dice la sentencia.
Lo curioso es que el caso carece de repercusiones
prácticas en Carolina del Norte, pues la composición de su Tribunal Supremo
estatal ha cambiado desde que se anuló el mapa electoral y los nuevos jueces
conservadores han revertido la decisión anterior de anular el mapa. Las
elecciones legislativas de noviembre pasado se celebraron con un mapa electoral
decidido por una comisión de expertos y dio como resultado que republicanos y
demócratas lograsen siete representantes cada partido, en línea con sus
porcentajes de voto. Con el mapa anulado por partidista (y luego rehabilitado
por el nuevo tribunal estatal), el resultado habría sido de 10 escaños para los
republicanos y 4 para los demócratas.
Aunque en Carolina del Norte la sentencia no tenga
ahora consecuencias prácticas, sus implicaciones podrían haber sido enormes
para todo el país en caso de haber aceptado la teoría de la legislatura estatal
independiente.
El Gobierno de Biden, por un lado, y el Comité
Nacional Republicano, por otro, habían participado en el caso con posiciones
opuestas. Los republicanos consideran una exageración decir que si el Supremo
fallaba a su favor era “el fin de la democracia”. Al final, han fallado en su
contra.
Por MIGUEL
JIMÉNEZ/El País
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