SEIS COLOMBIANOS DETENIDOS POR MAGNICIDIO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL ECUATORIANO FERNANDO VILLAVICENCIO
QUITO, Ecuador (11 Agosto 2023).- Agentes policiales detuvieron en Ecuador a seis colombianos como presuntos responsables del asesinato a balazos del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho sin precedentes que ha sumido al país en uno de los momentos más aciagos de su historia democrática.
En rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan
Zapata, precisó el jueves que fueron arrestados en el sur de la capital, dos de
ellos plenamente identificados en la escena del crimen. Se decomisó además un
fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cargadores de
fusil, cuatro cajas de municiones, tres motocicletas y un vehículo reportado como
robado, según el ministro.
El informe policial no dice si los colombianos son miembros de un grupo criminal. Pero Zapata, quien confirmó las detenciones de algunos extranjeros sin dar sus nacionalidades, dijo que los sospechosos estaban vinculados al crimen organizado y los identificó como Andrés M. José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R.
Zapata añadió que el gobierno considera el asesinato
de Villavicencio un “crimen político con carácter terrorista, un intento de
sabotaje a las próximas elecciones”.
El crimen ocurrió la noche del miércoles cuando el
político salía de un mitin político en el norte capitalino, rodeado de policías
que lo acompañaron hasta que embarcó en un vehículo. Entonces se escucharon
ráfagas de disparos y los gritos desesperados de las personas asistentes al
evento electoral.
El candidato fue trasladado a una clínica cercana,
donde confirmaron su fallecimiento. El asesinato a uno de los ocho aspirantes a
presidente que se disputan las elecciones del próximo domingo 20 de agosto ha
desencadenado una ola de indignación y dolor entre los ecuatorianos.
El presidente Guillermo Lasso decretó pasada la
medianoche del miércoles un estado de excepción nacional por 60 días para
movilizar a militares a las calles, así como tres días de luto. Ya regían dos
estados de excepción, uno para las cárceles y otro en dos provincias, tras una
secuencia de ataques hace dos semanas.
En el sitio del crimen, desconocidos dejaron ofrendas
florales y aún podía verse una pancarta gigante con el retrato de Villavicencio
colgando del techo.
El presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que el crimen del candidato será investigado por la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) que “aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”.
Dos de los aspirantes con mayor preferencia del
electorado, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán
cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.
En tanto la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz,
publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que a su marido lo asesinaron “porque
fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de
este país”.
Los restos de Villavicencio fueron retirados de la morgue
policial y trasladados en una carroza fúnebre cubierta con la bandera
ecuatoriana a una funeraria del norte de Quito, donde durante la jornada la
familia será la única que tendrá acceso.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo
en conferencia de prensa que “una ola de indignación y rabia inunda a Ecuador”
porque las mafias le han declarado la guerra al país y que el Estado “y las
Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentarlos”. Anticipó que
efectivos serán desplegados a todos los rincones del país para proteger a la
ciudadanía hasta después de las elecciones del 20 de agosto.
El movimiento Construye, que apoyaba la candidatura de
Villavicencio, anticipó que formará un equipo de seguimiento del proceso legal
y exigirá que “se conforme una comisión internacional que sea parte de la
investigación de este magnicidio”, al tiempo que advirtió que no permitirá que
“la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia”.
En un comunicado, añadió que en las próximas horas
anunciará su decisión sobre el proceso electoral. De acuerdo con la ley, si un
candidato queda inhabilitado el grupo que lo apoya puede designar un reemplazo
entre sus integrantes.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana
Atamaint, explicó que de acuerdo con la ley electoral quien reemplace a un
candidato fallecido debe someterse al mismo procedimiento de inscripción e
impugnación. Informó, además, que las papeletas ya están impresas y no se
cambiarán. Ante una nueva postulación, dijo Atamaint, los votos que se marquen
en el casillero de Villavicencio se endosarán al eventual nuevo candidato de
Construye.
Villavicencio, de 59 años y quien se caracterizaba por
denunciar y confrontar a funcionarios públicos y empresarios presuntamente vinculados
con actos de corrupción y a grupos criminales, a los cuales mencionaba
directamente, junto a los nombres de sus líderes. En el atentado también fueron
heridas otras seis personas, además de un presunto asesino murió en el cruce de
balas, reportó la Fiscalía.
“Este ataque atroz es una afrenta a los principios y
valores que los Estados estadounidenses y toda la comunidad internacional
acogen”, expresó el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), Roland Sanders. “Este terrible crimen ya ha resonado
en todo el mundo y ha sido condenado por completo”.
Lasso decretó tres días de luto nacional y el estado
de excepción por lo que efectivos militares se movilizaban en todo el
territorio nacional.
“Esta creo que es la hora más oscura de la democracia
ecuatoriana en décadas”, dijo a The Associated Press el exvicepresidente
Alberto Dahik (1992-1995).
Lamentó que Ecuador haya ingresado al grupo de países
“donde la aviolencia amenaza con la estabilidad misma de la democracia y sus
instituciones”, tal como sucedió en Colombia, que vivió el magnicidio de los
políticos Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y Luis Carlos Galán en 1989, o en México
con el excandidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio en 1994.
En el mismo sentido se manifestó en su cuenta en X el
subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados
Unidos, Brian Nichols, quien sostuvo que el asesinato de Villavicencio “es un
ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho”.
Nichols reclamó “una investigación rápida y exhaustiva
por parte de las autoridades competentes” al tiempo que ofreció el apoyo de su
país.
Lasso, en una rueda de prensa junto a la presidenta
del Consejo Nacional Electoral, ratificó que se mantienen los comicios el 20 de
agosto.
“Ante la pérdida de un demócrata y un luchador las
elecciones no se suspenden, al contrario, éstas se tienen que realizar y la
democracia se tiene que fortalecer”, afirmó el presidente ecuatoriano.
El mandatario atribuyó al crimen organizado el
asesinato de Villavicencio, aunque hasta ahora las autoridades no han dado más
detalles sobre el móvil y el posible grupo que estaría detrás del ataque.
Recientemente Villavicencio había denunciado
públicamente que el líder de un grupo criminal local ligado al Cártel de
Sinaloa mexicano lo había amenazado. También había denunciado vínculos entre
políticos y narcotraficantes.
Al respecto, el presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador dijo el jueves en su conferencia matutina diaria que “no me
atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos... no hay
que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas.
Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No
culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones”.
Agregó que el gobierno de México no tiene información
sobre el caso y criticó que se hayan comenzado a “repartir culpas de manera muy
sensacionalista y poco seria, poco responsable”.
Villavicencio era parte de los ocho candidatos que
buscan el voto para reemplazar a Lasso, quien acortó su propio período de
gobierno y disolvió la Asamblea cuando ésta lo enjuiciaba con miras a
destituirlo. Tanto el nuevo mandatario como los nuevos legisladores tendrán que
completar el actual período que termina en mayo de 2025.
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