Principales responsables en red trata personas reciben condenas de 20 años de prisión, multas e indemnizaciones millonarias
La PETT resaltó que esta sentencia representa un
avance significativo en la persecución de delitos que atentan contra la
dignidad y la libertad de las personas, la cual ha sido lograda a través de una
investigación técnica y robusta, basada en herramientas forenses y testimonios
protegidos, logrando demostrar al tribunal la responsabilidad penal de los
implicados y asegurando justicia para las víctimas.
“Este resultado es fruto del trabajo coordinado entre
fiscales especializados, cuerpos de seguridad y la cooperación
interinstitucional, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de
perseguir, procesar y llevar ante la justicia a quienes se lucran a costa de la
explotación de personas vulnerables. No permitiremos que estructuras criminales
operen con impunidad. La justicia prevalecerá y seguiremos enfrentando con
firmeza estos delitos”, destacó la procuradora general de corte apelación, Yoanna
Bejarán, titular de la PEET.
Con la coordinación de la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público, para entonces dirigida por la magistrada
Yeni Berenice Reynoso, actual procuradora general de la República, se llevó a
cabo el proceso de investigación, el cual estuvo a cargo de la titular de la
PETT, Yoanna Bejarán, y Aleika Almonte.
Dicha investigación contó con el respaldo de la
División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET), el
Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, y la
colaboración de la Agencia Internacional Homeland Security Investigations
(HSI). Además, el Departamento de Investigaciones de la Procuraduría
Especializada desempeñó un papel clave, con el coronel Abreu liderando el área
de investigación en ese entonces, y el capitán Díaz, brindando un apoyo
significativo para la recopilación de pruebas y el desmantelamiento de la red
criminal. Se destaca, también, la colaboración de las organizaciones contra la
trata OUR Rescue, Destiny-Rescue, y ATB, así como la labor realizada por la
Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que dirige
Dimercy Ávila, y de la encargada de Protección a Víctimas de la PEET, Ángela
Díaz.
Por su parte, el equipo litigante, conformado por
Aleika Almonte, Eduardo Velázquez, Noelia Taveras y Ginna Matías, jugó un rol
fundamental en la presentación y sustentación de las pruebas ante el Tercer
Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En el proceso se estableció que la estructura criminal
estaba integrada por dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y canadienses.
Condena
impuesta
En el caso, nueve fueron sentenciados a 20 años de
reclusión y al pago de 150 salarios mínimos. Otros cuatro recibieron condenas
de tres años de prisión por proxenetismo, mientras que un imputado fue
sentenciado a seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de
marihuana.
El tribunal condenó a 20 años de prisión y el pago de
150 salarios mínimos a José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín
Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo
Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro
Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Oscar Wilcenne, tras
ser declarados culpables de violar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley
137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Además de la trata de personas, Dionicio Mieses de la
Cruz también fue condenado por delitos de alta tecnología conforme a la Ley
53-07, en tanto que María Paula Murillo Vargas, en adición, fue condenada por
violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Mientras que cuatro de ellos, fueron condenados a tres
años de prisión por proxenetismo y al pago de una multa de RD$50,000. Ellos
son: José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia
González Hernández y Braulio Manuel Lugo, condenados conforme al artículo 334
del Código Penal Dominicano.
El acusado Oliver Arnaud Lewinsky (Timothy Willian
Case Renee) fue condenado a seis meses de prisión suspendida por posesión
ilegal de marihuana, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias
Controladas.
El tribunal declaró penalmente responsable al Hotel
Oscar Inn Santo Domingo por su vinculación con la red criminal y ordenó su
disolución. Además, ordenó el decomiso de los bienes incautados durante la
investigación, los cuales incluyen propiedades utilizadas para la comisión de
los delitos.
Asimismo, el tribunal declaró las costas penales de
oficio respecto de los acusados José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique
Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Dionicio Mieses de la
Cruz, al haber sido representados por abogados de la Oficina Nacional de
Defensa Pública.
Por otro lado, el acusado Carlos Jonathan Walwyn
Campusano fue declarado no culpable de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dictándose sentencia absolutoria a su
favor por insuficiencia de pruebas, en conformidad con el Código Procesal
Penal. En consecuencia, se ordenó el cese de las medidas de coerción en su
contra y se declararon las costas penales de oficio a su favor.
En cuanto a los bienes incautados, el tribunal ordenó
el decomiso de los siguientes vehículos a favor del Estado dominicano: Hyundai
Sonata N20, año 2016, color blanco, placa A815590; Honda Accord ELX, año 2013,
placa A785478.
En el aspecto civil, el tribunal acogió parcialmente
la querella de dos de las víctimas, presentada por Angela Díaz, encargada de
asistencia a víctimas de la PETT. Por lo que, el tribunal ordenó el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios de RD$3,000,000.00 a favor de una de
ellas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por los acusados José
Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Dionicio Mieses de la
Cruz, Melvin José Valentín Peguero y Oscar Wilcenne; así como RD$3,000,000.00 a
favor de otra, a ser pagados por Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel
Neftalí Vargas Soto.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta
decisión al juez de ejecución de la pena correspondiente y fijó la lectura
íntegra de la sentencia para el 24 de abril de 2025 a las 9:00 a.m., fecha a
partir de la cual las partes podrán ejercer los recursos legales
correspondientes.
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