Completada la fusión de los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo; ahora es el Ministerio de Hacienda y Economía
Esta transformación institucional implica también la
derogación de la Ley 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La Ley 45-25, aprobada de urgencia por la Cámara de
Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el
Senado de la República el 22 de mayo del presente año, tiene por objetivo
asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema
nacional de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios
de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
Fortalecimiento institucional
La nueva legislación reorganiza las estructuras
orgánicas de ambos ministerios para consolidarlas en una única entidad rectora
en materia económica, financiera y de planificación. Entre los principales cambios
que introduce se destacan:
• Supresión del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo (Mepyd), cuyas funciones sustantivas en materia económica, de
planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda y Economía.
• Transferencia de competencias al Ministerio de la
Presidencia en áreas como cooperación internacional, y ordenamiento
territorial.
• Reorganización de los viceministerios bajo una nueva
estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y
Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito
Público y Economía.
• Asimismo, la ley establece al nuevo ministerio como
órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública y del
conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.
• De igual forma, la ley contempla disposiciones
específicas para asegurar la continuidad de los servicios públicos, garantizar
la transición ordenada del personal y definir los plazos para la adecuación
normativa, presupuestaria y administrativa.
Esta reforma responde a las directrices de la
Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y Modernización
de la Administración Pública, con miras a dotar al Estado dominicano de
estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.
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