La República Dominicana tiene Ley sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, presidente Abinader emitió el decreto
Este reglamento, cuyo borrador fue elaborado por el
Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio
de Economía y sometido oportunamente a vista pública, fue además socializado y
discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo
En este participaron importantes instituciones del
Gobierno, como los Ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y
Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales,
así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma.
Entre los aportes significativos que ofrece este
reglamento, se destacan la obligatoriedad de los Gobiernos locales de diseñar y
aprobar planes de ordenamiento territorial que permitirán una gestión más
eficiente del uso de suelo de las demarcaciones municipales. Esto obliga a las
oficinas municipales de planeamiento urbano a otorgar la autorización para
desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los
tipos de suelo de cada municipio.
Asimismo, en los espacios con vocación para el
desarrollo de proyectos turísticos, se requerirá la aprobación tanto del
permiso de uso de suelo del Gobierno local, como también la certificación de no
objeción del Ministerio de Turismo para la viabilidad del proyecto en cuestión.
Igualmente, se establece en el reglamento que el
Ministerio de Hacienda y Economía será la autoridad competente para certificar
cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos del párrafo I del
artículo 24 de la referida Ley núm. 368-22, para la gestión del uso de suelo en
su respectiva demarcación territorial.
Tanto la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, como
su Reglamento de Aplicación, son iniciativas impulsadas por el gobierno del
presidente Luis Abinader. Con ellas se busca, mediante la planificación
estratégica y la gestión participativa del uso de suelo, propiciar el
desarrollo integral y equilibrado de los municipios acorde con las
potencialidades, expectativas y aspiraciones de sus respectivas poblaciones, de
modo que se les garanticen las condiciones necesarias para mejorar su calidad
de vida.
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