Byron Black el reo ejecutado en Tennessee afirmó que sufrió mucho dolor durante la inyección letal sin desactivar el desfibrilador
Byron Black fue ejecutado a pesar de la incertidumbre
sobre si el dispositivo le daría una descarga al corazón cuando los químicos
letales hicieran efecto. Su abogado dijo que revisarán los datos almacenados
por el dispositivo como parte de la autopsia.
Black murió a las 10:43 a. m., según informaron
funcionarios de la prisión. Fue aproximadamente 10 minutos después de que
comenzara la ejecución y Black dijera que sentía dolor.
Cuando se le preguntó si tenía últimas palabras,
respondió: “No, señor”.
Black miró a su alrededor cuando comenzó la ejecución,
levantando la cabeza de la camilla varias veces, y se le podía oír suspirar y
respirar con dificultad. Los siete testigos de los medios de comunicación que
presenciaron la ejecución coincidieron en que parecía estar incómodo. Durante
toda la ejecución, un consejero espiritual rezó y cantó sobre Black, llegando a
tocarle la cara en un momento dado.
“Oh, me duele mucho”, dijo Black, mientras yacía con
las manos y el pecho sujetos a la camilla, una sábana cubriéndole la parte
inferior del cuerpo y una vía intravenosa en el brazo. “Lo siento mucho. Solo
escucha mi voz”, respondió el consejero.
Black fue ejecutado tras un tira y afloja en los
tribunales sobre si los funcionarios tendrían que apagar su desfibrilador
implantable, o DAI. Black, de 69 años, estaba en silla de ruedas y padecía
demencia, daño cerebral, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva
y otras afecciones, según sus abogados.
La organización sin ánimo de lucro Death Penalty
Information Center afirmó que no conoce ningún otro caso con reclamaciones
similares a las de Black sobre los marcapasos. Los abogados de Black también
afirmaron que no han encontrado ningún caso comparable.
Black
mató a su novia y a sus dos hijas
Black fue condenado en 1988 por el asesinato a tiros
de su novia Angela Clay, de 29 años, y de sus dos hijas, Latoya Clay, de 9
años, y Lakeisha Clay, de 6. Los fiscales afirmaron que actuó movido por los
celos cuando disparó a las tres en su casa. En ese momento, Black se encontraba
en libertad condicional para trabajar mientras cumplía condena por disparar al
exmarido de Clay.
La hermana de Clay dijo que Black ahora se enfrentará
a un poder superior.
“Su familia está pasando ahora por lo mismo que nosotros
pasamos hace 37 años. No puedo decir que lo siento porque nunca recibimos una
disculpa”, dijo Linette Bell, hermana de Angela Clay, en una declaración leída
por un defensor de las víctimas después de la ejecución.
El abogado de Black dijo que la ejecución era
vergonzosa.
“Hoy, el estado de Tennessee ha matado a un hombre
amable, bondadoso, frágil y con discapacidad intelectual, violando las leyes de
nuestro país, simplemente porque podían hacerlo”, dijo la abogada Kelley Henry.
La
batalla legal por el desfibrilador de Black
A mediados de julio, un juez de primera instancia
coincidió con los abogados de Black en que las autoridades debían desactivar el
desfibrilador para evitar el riesgo de que causara dolor innecesario y
prolongara la ejecución. Pero el Tribunal Supremo de Tennessee revocó esa
decisión el jueves, alegando que el otro juez carecía de autoridad para ordenar
el cambio.
El estado rebatió que la inyección letal provocara
descargas en el desfibrilador de Black y afirmó que, en cualquier caso, él no
las sentiría.
Henry afirmó que el equipo de defensa de Black
revisará cuidadosamente los resultados de la autopsia, los datos del
electrocardiograma de Black y la información del desfibrilador para determinar
qué ocurrió exactamente durante la ejecución. El protocolo de la inyección
letal sigue siendo impugnado en los tribunales.
Dijo que le preocupaban especialmente los movimientos
de la cabeza y las quejas de dolor, ya que se supone que la dosis masiva de
pentobarbital utilizada para matar a los reclusos les deja rápidamente
inconscientes.
“El hecho de que pudiera levantar la cabeza varias
veces y expresar dolor indica que el pentobarbital no actuó como afirman los expertos
del estado”, dijo Henry.
Los funcionarios de la prisión no hicieron comentarios
sobre los testigos y el abogado de Black, que afirmaron que parecía consciente,
ni sobre sus quejas de dolor.
Se trata de la segunda ejecución en Tennessee desde
mayo, tras una pausa de cinco años, primero por el COVID-19 y luego por los
errores cometidos por los funcionarios penitenciarios del estado.
En lo que va de año, veintiocho hombres han muerto por
ejecución ordenada por un tribunal en Estados Unidos, y otras nueve personas
están programadas para ser ejecutadas en siete estados durante el resto de
2025. El número de ejecuciones de este año supera las 25 llevadas a cabo el año
pasado y en 2018. Es el total más alto desde 2015, cuando fueron ejecutadas 28
personas.
El
estado de Black
Black tenía un desfibrilador implantable, un pequeño
dispositivo electrónico alimentado por baterías que se implanta quirúrgicamente
en el pecho. Servía como marcapasos y desfibrilador de emergencia. Los abogados
de Black han afirmado que un médico puede enviarle una orden de desactivación
sin necesidad de cirugía.
El caso judicial también sirvió para recordar que la
mayoría de los profesionales médicos consideran que participar en ejecuciones
constituye una violación de la ética sanitaria.
Reclamación
por discapacidad intelectual
En los últimos años, el equipo legal de Black intentó
sin éxito conseguir una nueva audiencia sobre la discapacidad intelectual que,
según ellos, padecía desde la infancia. Las personas con discapacidad
intelectual están constitucionalmente excluidas de la pena de muerte.
Sus abogados han afirmado que, si hubieran retrasado
un intento anterior de solicitar la declaración de discapacidad intelectual, se
le habría perdonado la vida en virtud de una ley estatal de 2021. Esto se debe
a que la ley de 2021 deniega la vista a las personas condenadas a muerte que ya
hayan presentado una solicitud similar y un tribunal haya dictado sentencia “en
cuanto al fondo”.
Un juez denegó la solicitud del fiscal del distrito de
Nashville, Glenn Funk, de que se celebrara una nueva vista para Black. Funk se
centró en la opinión de una experta del estado en 2004, que determinó entonces
que Black no cumplía los criterios de lo que entonces se denominaba “retraso
mental”. Sin embargo, concluyó que Black cumplía los criterios de la nueva ley
para el diagnóstico de discapacidad intelectual.
No hay comentarios.: