Tribunal de La Habana condena a cinco años de prisión al rapero Nando OBDC por colocar pancartas exigiendo derechos humanos; sentencia es apelable en 10 días
La sentencia, a la que tuvo acceso EFE, está fechada el 22 de diciembre de 2025. El sancionado se encuentra en prisión provisional desde diciembre de 2024.
En la resolución del tribunal, los jueces consideraron
probado que el sancionado recibió indicaciones para colocar las pancartas por
parte de la organización disidente en el exilio Cuba Primero, identificada como
una «organización contrarrevolucionaria» en Estados Unidos.
El sancionado, cuyo nombre auténtico es Fernando
Almenares Rivera, recibió 200 dólares para escribir y colocar las pancartas en
un tramo de la salida de La Habana hacia la provincia occidental de Matanzas,
según el escrito.
De acuerdo con la sentencia, el cubanoamericano
Armando Labrador, quien en las redes sociales de Cuba Primero aparece como
fundador y presidente de la asociación, fue quien le envió el dinero.
Tanto Cuba Primero como Armando Labrador están
incluidos en la lista de entidades y personas terroristas que el Gobierno cubano
publicó en agosto de 2025.
Activistas cercanos al rapero negaron en declaraciones
a EFE a finales del año pasado que Almenares Rivera esté vinculado a Cuba
Primero, pese a que sí ha colaborado con los disidentes Comité Ciudadano por la
Integración Racial y Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
El principal testigo de la Fiscalía fue un teniente
coronel de la policía. Una de las formas en que se probó la culpabilidad del
artista fue comparando la caligrafía del sentenciado con los mensajes en las
pancartas.
Almenares Rivera, quien negó los hechos durante el
juicio, dividió en cuatro una tela de color blanco y escribió las frases:
«Cuba Primero en las calles por los derechos humanos»
«Queremos cambios ya Cuba Primero»
«Cuba Primero en las calles»
Para los jueces, esos mensajes tenían el propósito de
«provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y crear
descontento en la población, estimulando acciones contra el orden social
establecido en el país».
La sentencia no es firme y puede ser apelada en un
plazo de 10 días hábiles.
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