La Constitución establece que, cuando se produce una
vacante en la Cámara de Diputados, el partido que postuló al legislador
presenta una terna y la Cámara escoge de ella a quien ocupará la posición.
Legalmente, el procedimiento está claro. Pero que sea
constitucional no significa que no pueda ser revisado.
El problema es que, con el paso de los años, se ha ido
convirtiendo en una costumbre que las curules dejadas por legisladores
fallecidos terminen siendo ocupadas por familiares cercanos del titular
original. Y cuando una práctica se repite, corremos el riesgo de terminar
viéndola como algo normal, aun cuando merezca ser cuestionada desde la
perspectiva democrática.
Una curul no es una herencia.
No pertenece al padre, a la madre, a los hijos ni
exclusivamente al partido político. Una curul representa la voluntad de los
ciudadanos que acudieron a las urnas y depositaron su confianza en una determinada
propuesta electoral.
Por eso, el debate no debe centrarse en si Claudia
Frías tiene o no derecho a ocupar esa posición. Si cumple con los requisitos
constitucionales y legales, tiene todo el derecho a participar en la vida
política.
El verdadero debate es si el parentesco debe
convertirse en un criterio para sustituir a quien fue elegido por el voto
popular.
Y mi respuesta es no
Considero que debemos revisar el mecanismo actual. Mi
propuesta es que, cuando fallezca un diputado, la terna presentada por su
partido tenga que estar integrada, preferentemente, por personas que
participaron en la misma elección y que obtuvieron una cantidad significativa
de votos, especialmente aquellos candidatos que quedaron inmediatamente detrás
de los electos.
De esta manera, existiría una relación directa entre
la voluntad expresada en las urnas y la persona que finalmente ocupe la
vacante.
Incluso podríamos ir más lejos: cuando la vacante se
produzca al inicio del período y todavía reste un tiempo considerable de
mandato, debería contemplarse la posibilidad de celebrar elecciones
extraordinarias para que sean nuevamente los ciudadanos quienes decidan quién
debe representarlos.
No se trata de desconocer el papel de los partidos.
Los partidos postulan, organizan y canalizan la participación política. Pero el
pueblo elige.
Por eso, cuando desaparece quien recibió ese mandato,
la solución debería procurar preservar, en la mayor medida posible, la voluntad
de quienes lo eligieron.
El caso de Jorge Frías no debería convertirse en una
discusión personal contra Claudia Frías ni contra su familia. Debe servir para
abrir un debate institucional que tarde o temprano tendremos que enfrentar.
Porque mañana puede ser otro diputado, otro partido y
otra familia.
Lo importante es establecer una regla que no dependa
de apellidos, influencias o acuerdos internos.
Una curul no es patrimonio familiar ni propiedad
partidaria. Es una expresión de la soberanía popular.
Y si realmente queremos fortalecer nuestra democracia,
debemos procurar que quien sustituya a un representante fallecido tenga también
la mayor legitimidad posible ante los ciudadanos a quienes habrá de
representar.
Ese es el debate que propongo abrir.
El autor es abogado, catedrático universitario,
especialista en Derecho Electoral y presidente de FUJUDEL.
Por PABLO
VICENTE
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