A la venta propiedades de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico.- Los problemas fiscales y crediticios de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuyos bonos fueron degradados a chatarra, obligarán a esta corporación pública a reexaminar sus gastos y hasta evaluar alternativas que podrían implicar reducciones o ingresos adicionales, como la venta de propiedades o recortes en los servicios de transporte público, explicó el director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos Hernández.

Desde hace varios años los presupuestos de esta corporación pública han cargado con déficits estructurales de cerca de US$227 millones, dinero que cada año tienen que pedir prestado al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), organismo al que le queda poco dinero para prestar.

“Los pasados años los déficits se  han cubierto con líneas de créditos con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Con esta noticia de la degradación lo que significa es que nosotros tenemos que buscar la manera de cubrir nuestras operaciones sin el Banco que ya no esta disponible para cubrir nuestros costos operacionales. Parte de los costos operacionales es la nómina, pero el gobernador ha sido claro, y nosotros estamos en la misma línea de él, de no se van a hacer despidos. Estamos buscando ajustes”, dijo el funcionario. Parte de las limitaciones del BGF se debe a su problema de liquidez y a la necesidad de cubrir las deficiencias estructurales del fondo general del gobierno, que alcanzan los US$820 millones.

Por el momento, esta corporación pública, que está bajo la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), está comenzando a dialogar con sus proveedores de servicios de mantenimiento, diseño, contabilidad y tecnología, para renegociar los contratos de modo que se generen ahorros.

“Tenemos que evaluar todos los servicios que se están ofreciendo. En el Tren (Urbano), ajustar el horario de operaciones puede ser unas de las alternativas. La ACT para sus proyectos adquiere terrenos y propiedades. Vamos a ir a ese inventario, hacer tasaciones y ponerlas a la venta. Nosotros somos una ACT de desarrollo de infraestructura, no de acumular bienes raíces. Hay personas interesadas en estos terrenos. Esa es otra manera donde la ACT puede allegar ingresos adicionales”, dijo.

Austeridad en la UPR

Por el otro lado, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán R. Walker Ramos, informó que ordenó un recorte de 3% a los salarios del personal de confianza y anunció que se encuentran implantando una serie de medidas para mejorar la eficiencia energética en los once recintos del sistema universitario público.

La UPR fue uno de los organismos del gobierno cuyo crédito fue degradado a chatarra a inicios de semana por la casa acreditadora Standard & Poor's. En diciembre, Moody's Investors Service había puesto en vigilancia el crédito de ese sistema educativo. Un año antes había bajado el crédito dos escalofones hasta llevarlos al rango especulativo de inversión.

“El momento exige la acción y el compromiso de todos. A partir de hoy, todos los empleados de confianza de la UPR verán una reducción del tres por ciento en sus salarios como parte de las medidas de control que ya hemos encaminado”, expresó el presidente por escrito.

En cuanto a las reducciones en el costo energético, Walker Ramos indicó que con el proyecto que impusan esperan ahorros de hasta 15% en las facturas de electricidad. No explicó en qué exactamente consiste la medida. Solo indicó que todo esto es parte del plan para encaminar las finanzas.

“Nos hemos propuesto modernizar, internacionalizar y estabilizar financieramente la Universidad de Puerto Rico. Estamos seguros de que esa es la ruta correcta para que la Universidad le sirva bien al País. Para cada uno de los once recintos siga formando los profesionales, las mentes, que presentan el presente y el futuro de Puerto Rico”, puntualizó Walker Ramos.

Por RICARDO CORTÉS CHICO/Endi.com