PIDEN CERO DISCRIMINACIÓN PARA PONER FIN AL SIDA COMO AMENAZA PÚBLICA ANTES DEL 2030
LA HABANA (25 Agosto 2015).- Países de América
Latina y el Caribe se comprometieron a reducir un 75 % las nuevas infecciones
por VIH en adultos y jóvenes para el año 2020, según dio a conocer un
comunicado conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Esta y otras propuestas fueron acordadas durante el
segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del
VIH, que se desarrolló la semana pasada en Río de Janeiro, Brasil y donde
asistieron más de 150 representantes de los programas de VIH/SIDA de la región,
redes y organizaciones de la sociedad civil, poblaciones clave y más afectadas
por la epidemia, personas viviendo con VIH, comunidades académicas y
científicas, programas, agencias de las Naciones Unidas, organismos
internacionales y cooperantes bilaterales.
De acuerdo con el texto, los representantes de los
países asistentes debatieron sobre las nuevas metas de prevención del VIH y
cero discriminación para poner fin al sida como amenaza de salud pública para
el 2030.
“Las infecciones nuevas y la mortalidad no están
disminuyendo con tanta rapidez como desearíamos. La epidemia de VIH sigue
estando concentrada en grupos específicos de la población para los cuales
acceder y recibir los servicios que necesitan es problemático”, afirmó por su
parte Marcos Espinal,
Director del Departamento de Enfermedades
Transmisibles de la OPS/OMS.
Según el informe, se estima que alrededor de dos
millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe y que en el
2014 hubo aproximadamente unas 100 000 nuevas infecciones por VIH en la región.
Reconociendo que el prejuicio, el estigma y la
discriminación vinculados con el VIH/SIDA agravan la epidemia y son barreras
significativas para el acceso a servicios, los participantes del foro
consensuaron además metas de cero discriminación, que incluyen: que no se
apruebe ninguna nueva ley, reglamento, o política que pueda ser usada para
discriminar a personas con VIH o poblaciones clave; que todos los países tengan
un sistema financiado de monitoreo para abordar la discriminación de los
trabajadores de salud hacia las personas con VIH y las poblaciones clave; que
el 75 % de los países reduzcan el número de actos de violencia/crímenes de odio
contra personas que viven con o estén afectadas por el VIH, incluyendo personas
LGBTI y trabajadoras sexuales; y que el 90 % de los países tengan sistemas,
políticas y/o legislación protectoras con mecanismos para denunciar y resolver
las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las relacionadas con el VIH
y las poblaciones clave.
Por
LISANDRA FARIÑAS ACOSTA/Granma


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